sábado, 2 de mayo de 2015

LA IMPUGNACION EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

La impugnación en el proceso penal acusatorio

















TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004
HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA GARANTISTA



Por Christian Salas Beteta



I. NOCIONES BÁSICAS

El Decreto Legislativo N° 957 (Nuevo Código Procesal Penal) publicado el 29 de julio de 2004, regula en su Libro Cuarto, la impugnación, tratando los preceptos generales, y los recursos de reposición, de apelación, de casación, de queja y de revisión, en sus siete secciones.

La Ley procesal penal establece mecanismos a favor de las partes para expresar su disconformidad con las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, estos son pues, en simples términos, los llamados medios Impugnatorios.

Los intervinientes en un proceso judicial tienen derecho a impugnar las decisiones judiciales que los afectan. Este derecho se sustenta en la pluralidad de instancia, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Los medios impugnatorios tienen un sustento en:

a) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, el cual precisa en su Art. 14.5 que: “Toda persona declarada culpable de un delito, tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por ley.”
b) La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que precisa en su art. 8.2.h como Garantía Judicial: “el Derecho de recurrir al fallo ante Juez o Tribunal Superior”.
c) La Constitución Política del Perú de 1993, en cuyo art. 139 inc.6 establece que: “son principios y Derechos de la función jurisdiccional: (...) la pluralidad de instancia”.
d) La Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su art. 11 precisa que “Las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión, con arreglo a ley, en una instancia superior. La interposición de un medio de Impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. Lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación sólo procede en los casos previstos en la ley”.

Si tuviéramos que establecer elementos de la impugnación, podríamos decir que aquel acto está conformado básicamente por:

i) El objeto impugnable. Acto procesal susceptible de ser revocado, modificado, sustituido o anulado.
ii) Los sujetos impugnantes. Son aquellos a quienes asiste el derecho de impugnar como son los el inculpado, la parte civil, el Ministerio Público, el tercero civilmente responsable, y los terceros que tengan interés directo.
iii) El medio de impugnación. Son los instrumentos procesales para ejercitar el derecho a impugnar.

1.1. Facultados para impugnar.

Ya que hablamos de los sujetos impugnantes, tenemos que, por regla general, toda resolución judicial es susceptible de ser impugnada. Ello, pues, es uno de los sustentos de la exigencia de su motivación fáctica y jurídica. No obstante, el artículo 404° del NCPP precisa que las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la Ley. Y que los recursos impugnatorios se interponen ante el juez que emitió la resolución que se contradice o rechaza.

Tenemos, entonces, que el derecho de impugnación corresponde sólo a quien la Ley se lo confiere expresamente. Si la Ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el derecho corresponde a cualquiera de ellos. El abogado defensor podrá recurrir directamente en favor de su patrocinado, quien posteriormente si no está conforme podrá desistirse de la impugnación interpuesta por aquél. Dicho desistimiento requiere autorización expresa del defensor.

Cuando tuvieran derecho de recurrir, los sujetos procesales podrán adherirse, antes que el expediente se eleve al Juez que corresponda, al recurso interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que cumpla con las formalidades de interposición.

1.2. Formalidades generales del recurso de impugnación.

A efectos de la admisión del recurso se requiere básicamente que el impugnante esté facultado por la ley, que lo interponga en la forma y plazos legales, y que cumpla con precisar los puntos rechazados y con sustentar su impugnación.

1.2.1. Los sujetos impugnantes. El recurso impugnatorio debe ser presentado por quien:
- resulte agraviado por la resolución,
- tenga interés directo y
- se halle facultado legalmente para ello.
- El Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado.

1.2.2. Forma y plazo: El recurso debe ser interpuesto por escrito y en el plazo previsto por la Ley. También puede ser interpuesto en forma oral, cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. Los recursos interpuestos oralmente contra las resoluciones finales expedidas en la audiencia se formalizarán por escrito en el plazo de 5 días, salvo disposición distinta de la Ley.

1.2.3. Precisión de contradicciones y sustentos de la impugnación: El recurso debe precisar las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y deben expresarse y especificarse los fundamentos fácticos y jurídicos que apoyen su recurso, el cual deberá concluir formulando una pretensión concreta.

Conforme al Código, el Juez que emitió la resolución impugnada, se pronunciará sobre la admisión del recurso y notificará su decisión a todas las partes, luego de lo cual inmediatamente elevará los actuados al órgano jurisdiccional competente. El Juez que deba conocer la impugnación, aún de oficio, podrá controlar la admisibilidad del recurso y, en su caso, podrá anular el concesorio.

1.3. Ámbito del recurso de impugnación.

El imputado y el Ministerio Público podrán impugnar, indistintamente, del objeto penal o del objeto civil de la resolución. El actor civil sólo podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución.

Cuando en un procedimiento haya coimputados, la impugnación de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales. La impugnación presentada por el imputado favorece al tercero civil. Y la impugnación presentada por el tercero civil favorece al imputado, en cuanto no se haya fundamentado en motivos exclusivamente personales.

1.4. Competencia del Tribunal que conoce la impugnación.

El Tribunal que conoce de la impugnación tiene competencia solamente para resolver la materia impugnada, pero también puede declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.

Los errores de derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no hayan influido en la parte resolutiva no la anulará, pero serán corregidos. De igual manera se procederá en los casos de error material en la denominación o el cómputo de las penas.

La impugnación del Ministerio Público permitirá revocar o modificar la resolución aún a favor del imputado. En cambio, la impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no permite modificación en su perjuicio.

1.5. Impugnación diferida.

En los procesos con pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte auto de sobreseimiento, estando pendiente el juzgamiento de los otros, la impugnación que se presente si es concedida reservará la remisión de los autos hasta que se pronuncie la sentencia que ponga fin a la instancia, salvo que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes. En este último caso, la parte afectada podrá interponer recurso de queja, en el modo y forma previsto por la Ley.

1.6. Libertad de los imputados.

Los imputados que hayan sobrepasado el tiempo de la pena impuesta por una sentencia pendiente de recurso, sin perjuicio que éste sea resuelto, serán puestos en inmediata libertad. El juzgador está facultado para dictar las medidas que aseguren la presencia del imputado, siendo aplicable en lo pertinente las restricciones contempladas en el artículo 288° del NCPP .

1.7. Ejecución provisional de las resoluciones impugnadas.

La resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes que requiera el caso, salvo disposición contraría de la Ley.

Las impugnaciones contra las sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del imputado no podrán tener efecto suspensivo.


II. LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS

Los plazos para la interposición de los recursos son los indicados, salvo disposición legal distinta y se computarán desde el día siguiente a la notificación de la resolución.


2.1. EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1.1. Definición. La doctrina entiende a la reposición como un “remedio”, ya que su resolución es dada por el mismo Juez que dictó la resolución impugnada (decreto). Conforme señala CARAVANTES, este recurso tiene por objeto evitar dilataciones y gastos a consecuencia de una nueva instancia y, por ende, su fundamento esta dado por razones de economía procesal.

Siendo que, a diferencia de los autos y las sentencias, los decretos son resoluciones de mero trámite y no requieren de fundamentación , y siendo éstas el objeto de impugnación en el recurso de reposición, entendemos que dicho medio de impugnación tiene por único propósito que el juez que lo emitió haga un nuevo examen de su decisión y, de ser el caso, dicte uno distinto. Empero, la reposición también procede contra las resoluciones que se dicten en la audiencia (salvo la que pone fin a la instancia), en cuyo caso el juzgador decide el recurso en ese mismo acto.

2.1.2. Procedencia y finalidad. Como se señaló, el recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda.

Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el Juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia.

2.1.3. Trámite. El trámite del recurso de reposición es el siguiente:
- Interpuesto el recurso, si el Juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite.
- Si no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas en el primer punto (NOCIONES BÁSICAS). Si el Juez lo considera necesario, conferirá traslado por el plazo de 2 días. Vencido el plazo, resolverá con su contestación o sin ella.
- El auto que resuelve la reposición es inimpugnable.


2.2. EL RECURSO DE APELACIÓN

a) Procedencia. El recurso de apelación procede contra:
- Las sentencias;
- Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia;
- Los autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la pena;
- Los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva;
- Los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable.

b) Órgano competente y facultades. La Sala Penal Superior conoce del recurso presentado contra las decisiones emitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria, así como contra las expedidas por el Juzgado Penal, unipersonal o colegiado. El Juzgado Penal unipersonal conoce del recurso presentado contra las sentencias emitidas por el Juzgado de Paz Letrado.

Cuando la Sala Penal Superior tenga su sede en un lugar distinto del Juzgado, el recurrente deberá fijar domicilio procesal en la sede de Corte dentro del quinto día de notificado el concesorio del recurso de apelación. En caso contrario, se le tendrá por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones dictadas por la Sala Penal Superior.

La Sala Penal Superior que conoce de la apelación está facultada, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, para examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos como en la aplicación del derecho.

c) Finalidad del recurso de apelación. El examen que efectúe la Sala tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias podrá dictar sentencia condenatoria. Para absolver el grado bastan 2 votos conformes.

d) Efectos del recurso de apelación. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia. Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse.

2.2.1. Trámite del recurso de apelación de autos

- Recibidos los autos por la Sala Penal Superior, ésta conferirá traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales por el plazo de 5 días (salvo los casos expresamente previstos en el NCPP).
- Absuelto el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal Superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. El auto en el que la Sala declara inadmisible el recurso de apelación podrá ser objeto de recurso de reposición, ya explicado y contenido en el artículo 415° del NCPP.
- Si el recurso de apelación fuera admisible, la causa queda expedita para ser resuelta, y se señalará día y hora para la audiencia de apelación.
- Antes de la notificación de dicho decreto, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales pueden presentar prueba documental o solicitar se agregue a los autos algún acto de investigación actuado con posterioridad a la interposición del recurso, de lo que se pondrá en conocimiento a los sujetos procesales por el plazo de 3 días. Excepcionalmente la Sala podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales, sin que esto implique la paralización del procedimiento.
- A la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos procesales que lo estimen conveniente. En la audiencia, que no podrá aplazarse por ninguna circunstancia, se dará cuenta de la resolución recurrida, de los fundamentos del recurso y, acto seguido, se oirá al abogado del recurrente y a los demás abogados de las partes asistentes. El acusado, en todo caso, tendrá derecho a la última palabra.
- En cualquier momento de la audiencia, la Sala podrá formular preguntas al Fiscal o a los abogados de los demás sujetos procesales, o pedirles que profundicen su argumentación o la refieran a algún aspecto específico de la cuestión debatida.
- La Sala absolverá el grado en el plazo de 20 días (salvo los casos expresamente previstos en el NCPP).

2.2.2. Trámite del recurso de apelación de sentencias.

- Recibidos los autos, la Sala conferirá traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación por el plazo de 5 días.
- Cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal Superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. El auto que declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición.
- En caso contrario, admitido el recurso comunicará a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de 5 días.
- El escrito de ofrecimiento de pruebas deberá indicar específicamente, bajo sanción de inadmisibilidad, el aporte que espera de la prueba ofrecida.
- Sólo se admitirán los siguientes medios de prueba: a) Los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia; b) Los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva; y, c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él. Sólo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia. Si sólo se cuestiona la determinación judicial de la sanción, las pruebas estarán referidas a ese único extremo. Si la apelación en su conjunto sólo se refiere al objeto civil del proceso, rigen los límites estipulados en el artículo 374° del Código Procesal Civil.
- La Sala mediante auto, en el plazo de 3 días, decidirá la admisibilidad de las pruebas ofrecidas en función a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 155° del NCPP y a los puntos materia de discusión en la apelación. La resolución es inimpugnable. También serán citados aquellos testigos -incluidos los agraviados- que han declarado en primera instancia, siempre que la Sala por exigencias de inmediación y contradicción considere indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan insistido en su presencia, en cuyo caso se estará a lo que aparece transcrito en el acta del juicio.
- Decidida la admisibilidad de la prueba ofrecida, en ese mismo auto se convocará a las partes, incluso a los imputados no recurrentes, para la audiencia de apelación. Es obligatoria la asistencia del Fiscal y del imputado recurrente, así como de todos los imputados recurridos en caso la impugnación fuere interpuesta por el Fiscal. Si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso. De igual manera se procederá si no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente. Si los imputados son partes recurridas, su inasistencia no impedirá la realización de la audiencia, sin perjuicio de disponer su conducción coactiva y declararlos reos contumaces. Es, asimismo, obligatoria la concurrencia de las partes privadas si ellas únicamente han interpuesto el recurso, bajo sanción de declaración de inadmisibilidad de la apelación; y, si la apelación en su conjunto sólo se refiere al objeto civil del proceso, no es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil.
- En la audiencia de apelación se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas relativas al juicio de primera instancia. Al iniciar el debate se hará una relación de la sentencia recurrida y de las impugnaciones correspondientes. Acto seguido, se dará la oportunidad a las partes para desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para que ratifiquen los motivos de la apelación. A continuación se actuarán las pruebas admitidas. El interrogatorio de los imputados es un paso obligatorio cuando se discute el juicio de hecho de la sentencia de primera instancia, salvo que decidan abstenerse de declarar. Pueden darse lectura en la audiencia de apelación, aún de oficio, al informe pericial y al examen del perito, a las actuaciones del juicio de primera instancia no objetadas por las partes, así como, dentro de los límites previstos en el artículo 383, a las actuaciones cumplidas en las etapas precedentes. Al culminar la actuación de pruebas, las partes alegarán por su orden empezando por las recurrentes, de conformidad en lo pertinente con el numeral 1) de artículo 386° del NCPP. El imputado tendrá derecho a la última palabra (numeral 5) del citado artículo).
- Para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda instancia rige lo dispuesto, en lo pertinente, en el artículo 393° del NCPP. El plazo para dictar sentencia no podrá exceder de 10 días. Para la absolución del grado se requiere mayoría de votos. La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia.
- La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 409° del NCPP, puede:
a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer se remitan los autos al Juez que corresponda para la subsanación a que hubiere lugar;
b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el Juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria puede dictar sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad.
- La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna circunstancia.
- Contra la sentencia de segunda instancia sólo procede el pedido de aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para su admisión.
- Leída y notificada la sentencia de segunda instancia, luego de vencerse el plazo para intentar recurrirla, el expediente será remitido al Juez que corresponde ejecutarla conforme a lo dispuesto en el NCPP.


2.3. EL RECURSO DE CASACIÓN

2.3.1. Definición. Es el recurso que se interpone ante el Tribunal Supremo contra fallos definitivos en atención a graves infracciones a las leyes o a la doctrina legal, con la finalidad de “casarlas” o anularlas.

2.3.2. Procedencia. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores.

La procedencia del recurso de casación está sujeta a las siguientes limitaciones:
a) Si se trata de autos que pongan fin al procedimiento, cuando el delito imputado más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de 6 años.
b) Si se trata de sentencias, cuando el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor a 6 años.
c) Si se trata de sentencias que impongan una medida de seguridad, cuando ésta sea la de internación.
d) Si la impugnación se refiere a la responsabilidad civil, cuando el monto fijado en la sentencia de primera o de segunda instancia sea superior a 50 Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente.

Excepcionalmente, será procedente el recurso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial.

2.3.3 Inadmisibilidad del recurso. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará la inadmisibilidad del recurso de casación cuando:
a) no se cumplan los requisitos y causales previstos en los artículos 405° y 429° del NCPP;
b) se hubiere interpuesto por motivos distintos a los enumerados en el NCPP;
c) se refiere a resoluciones no impugnables en casación; y,
d) el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o, si invoca violaciones de la Ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación.

También declarará la inadmisibilidad del recurso cuando:
a) carezca manifiestamente de fundamento;
b) se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no da argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida.

En estos casos la inadmisibilidad del recurso podrá afectar a todos los motivos aducidos o referirse solamente a alguno de ellos.

2.3.4. Causales para interponer el recurso de casación:

a) Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías.
b) Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad.
c) Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación.
d) Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor.
e) Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional.

2.3.5. Requisitos de procedencia. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 405° del NCPP. Asimismo, citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisará el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión, y expresará específicamente cuál es la aplicación que pretende.

Si se invoca el numeral 4) del artículo 427° del Código, sin perjuicio de señalarse y justificarse la causal que corresponda conforme al artículo 429°, el recurrente deberá consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. En este supuesto, la Sala Penal Superior, para la concesión del recurso constatará la existencia de la fundamentación específica exigida en estos casos.

2.3.6. Trámite. El trámite del recurso de casación es el siguiente:
- Interpuesto recurso de casación, la Sala Penal Superior sólo podrá declarar su inadmisibilidad en los supuestos previstos en el artículo 405° del NCPP o cuando se invoquen causales distintas de los enumerados en el Código.
- Si la Sala Penal Superior concede el recurso, dispondrá se notifiquen a todas las partes y se les emplazará para que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y, si la causa proviene de un Distrito Judicial distinto de Lima, fijen nuevo domicilio procesal dentro del décimo día siguiente al de la notificación.
- Elevado el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema, se correrá traslado del recurso a las demás partes por el plazo de 10 días. Si no se señaló nuevo domicilio procesal, se tendrá al infractor por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones que se dicten por la Sala Penal Suprema.
- Acto seguido y sin trámite alguno, mediante auto decidirá si el recurso está bien concedido y si procede conocer el fondo del mismo (conforme al artículo 428° del Código). Esta resolución se expedirá dentro del plazo de 20 días. Bastan 3 votos para decidir si procede conocer el fondo del asunto.
- Concedido el recurso de casación, el expediente quedará 10 días en la Secretaría de la Sala para que los interesados puedan examinarlo y presentar, si lo estiman conveniente, alegatos ampliatorios.
- Vencido dicho plazo, se señalará día y hora para la audiencia de casación, con citación de las partes apersonadas. La audiencia se instalará con la concurrencia de las partes que asistan. En todo caso, la falta de comparecencia injustificada del Fiscal, en caso el recurso haya sido interpuesto por el Ministerio Público, o del abogado de la parte recurrente, dará lugar a que se declare inadmisible el recurso de casación.
- Instalada la audiencia, primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. Si existen varios recurrentes, se seguirá el orden fijado en el numeral 5) del artículo 424° del Código, luego de lo cual informarán los abogados de las partes recurridas. Si asiste el imputado, se le concederá la palabra en último término.
- Culminada la audiencia, la Sala procederá, en lo pertinente, conforme a los numerales 1) y 4) del artículo 425° del Código. La sentencia se expedirá en el plazo de 20 días. El recurso de casación se resuelve con 4 votos conformes.

2.3.7. Competencia. La Sala Penal de la Corte Suprema que conoce el recurso de casación es competente para conocer del proceso sólo en cuanto a las causales de casación expresamente invocadas por el recurrente, sin perjuicio de las cuestiones que sean declarables de oficio en cualquier estado y grado del proceso.

La competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o auto recurridos.

Los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva no causan nulidad. La Sala deberá corregirlos en la sentencia casatoria.

2.3.8. Contenido de la sentencia casatoria y Pleno Casatorio. Si la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema declara fundado el recurso, además de declarar la nulidad de la sentencia o auto recurridos, podrá decidir por sí el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate, u ordenar el reenvió del proceso. La sentencia se notificará a todas las partes, incluso a las no recurrentes. Si opta por la anulación sin reenvío en la misma sentencia se pronunciará sobre el fondo dictando el fallo que deba reemplazar el recurrido. Si decide la anulación con reenvío, indicará el Juez o Sala Penal Superior competente y el acto procesal que deba renovarse. El órgano jurisdiccional que reciba los autos, procederá de conformidad con lo resuelto por la Sala Penal Suprema.

En todo caso, la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique.

2.3.9. Efectos de la anulación. La anulación del auto o sentencia recurridos podrá ser total o parcial. Si no han anulado todas las disposiciones de la sentencia impugnada, ésta tendrá valor de cosa juzgada en las partes que no tengan nexo esencial con la parte anulada. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará en la parte resolutiva de la sentencia casatoria, cuando ello sea necesario, qué partes de la sentencia impugnada adquieren ejecutoria.

2.3.10. Improcedencia de recursos. La sentencia casatoria no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la acción de revisión de la sentencia condenatoria. Tampoco será susceptible de impugnación la sentencia que se dictare en el juicio de reenvío por la causal acogida en la sentencia casatoria. Sí lo será, en cambio, si se refiere a otras causales distintas de las resueltas por la sentencia casatoria.


2.4. EL RECURSO DE QUEJA

2.4.1. Definición. CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO, señala que la queja es un medio impugnatorio de los autos emitidos por los Juzgados y Salas Superiores que denieguen el Recurso de Apelación, Casación o Nulidad.

Bajo el nuevo código adjetivo, tenemos que el recurso de queja de derecho es aquél que se emplea para contradecir la inadmisibilidad de la apelación o la casación, con el propósito de que el órgano jurisdiccional superior al que emitió la resolución impugnada modifique dicha decisión o le ordene a aquél que lo haga.

2.4.2. Procedencia. El recurso de queja de derecho procede contra:
- La resolución del Juez que declara inadmisible el recurso de apelación.
- La resolución de la Sala Penal Superior que declara inadmisible el recurso de casación.

En el recurso de queja se precisará el motivo de su interposición con invocación de la norma jurídica vulnerada. Se acompañará el escrito que motivó la resolución recurrida y, en su caso, los referentes a su tramitación; la resolución recurrida; el escrito en que se recurre; y, la resolución denegatoria .

El recurso de queja de derecho se interpone ante el órgano jurisdiccional superior del que denegó el recurso.

2.4.3. Efectos. La interposición del recurso no suspende la tramitación del principal, ni la eficacia de la resolución denegatoria.

2.4.4. Trámite. El recurso de queja de derecho tiene el siguiente trámite:
- Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional competente decidirá, sin trámite alguno, su admisibilidad y, en su caso, su fundabilidad. Para decidir, puede solicitarse al órgano jurisdiccional inferior copia de alguna actuación procesal. Este requerimiento puede cursarse por fax u otro medio adecuado.
- Si se declara fundada la queja, se concede el recurso y se ordena al Juez de la causa envíe el expediente o ejecute lo que corresponda, sin perjuicio de la notificación a las partes.
- Si se declara infundada la queja, se comunica la decisión al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales.


III. LA ACCIÓN DE REVISIÓN

3.1. Definición. Es un medio extraordinario que se interpone contra una resolución judicial que tiene autoridad de cosa juzgada, con el objeto de subsanar un error judicial. Nuestro nuevo código adjetivo la entiende como una acción.

3.2. Procedencia. La revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal y sólo a favor del condenado, en los siguientes casos:

a) Cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados.
b) Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada.
c) Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación.
d) Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.
e) Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el Juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado.
f) Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema.

3.3. Legitimación. La acción de revisión podrá ser promovida por el Fiscal Supremo en lo Penal y por el condenado. Si el condenado fuere incapaz, podrá ser promovida por su representante legal; y, si hubiera fallecido o estuviere imposibilitado de hacerlo, por su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, en ese orden.

3.4. Contenido de la demanda. La demanda de revisión será presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Debe contener lo siguiente:
- La determinación precisa de la sentencia cuya revisión se demanda, con indicación del órgano jurisdiccional que la dictó;
- La causal invocada y la referencia específica y completa de los hechos en que se funda, así como las disposiciones legales pertinentes.
- La indemnización que se pretende, con indicación precisa de su monto. Este requisito es potestativo.

Se acompañará copia de las sentencias expedidas en el proceso cuya revisión se demanda. Asimismo, se acompañará la prueba documental si el caso lo permite o la indicación del archivo donde puede encontrarse la misma.

Cuando la demostración de la causal de revisión no surge de una sentencia judicial irrevocable, el recurrente deberá indicar todos los medios de prueba que acrediten la verdad de sus afirmaciones.

La Sala Penal de la Corte Suprema podrá otorgar un plazo al demandante para que complete los requisitos faltantes.

3.5. Efectos. La interposición de la demanda de revisión no suspende la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del procedimiento, la Sala podrá suspender la ejecución de la sentencia impugnada y disponer, de ser el caso, la libertad del imputado, incluso aplicando, si correspondiere, una medida de coerción alternativa.

3.6. Trámite. El trámite de la acción de revisión es el siguiente:
- Interpuesta la demanda con sus recaudos, la Sala examinará si reúne los requisitos exigidos en los artículos anteriores. Si la demanda no fuera admisible, la decisión se tomará mediante auto dictado por unanimidad.
- Si se admite la demanda, la Sala dará conocimiento de la demanda al Fiscal o al condenado, según el caso. Asimismo, solicitará el expediente de cuya revisión se trate y, si correspondiera, la prueba documental señalada por el demandante. De igual manera, dispondrá, si fuere necesario, la recepción de los medios de prueba ofrecidos por el demandante, por la otra parte y los que considere útiles para la averiguación de la verdad. De esas actuaciones se levantará el acta correspondiente, pudiendo la Sala designar uno de los miembros para su actuación.
- Concluida la actuación probatoria, que no podrá exceder de 30 días, la Sala designará fecha para la Audiencia de Revisión, a la que se citarán al Fiscal y el defensor del condenado, de su representante o del familiar más cercano. La inasistencia del demandante determinará la declaración de inadmisibilidad de la demanda.
- Instalada la audiencia de revisión, se dará cuenta de la demanda de revisión y de la prueba actuada. Acto seguido, informarán oralmente el Fiscal y el abogado del condenado, de su representante o del familiar más cercano. Si el imputado asiste a la audiencia hará uso de la palabra en último lugar. Concluida la audiencia, la Sala emitirá sentencia en audiencia pública en el plazo de 20 días.
- Si la sentencia encuentra fundada la causal invocada, declarará sin valor la sentencia motivo de la impugnación y la remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo requiere, o pronunciará directamente la sentencia absolutoria.
- Si la sentencia dispone un nuevo juicio, éste será tramitado conforme a las reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán fundarse en una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso, con independencia de las causales que tornaron admisible la revisión.
- Si la sentencia es absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos efectuados por concepto de reparación y de multa, así como -de haberse solicitado- la indemnización que corresponda por error judicial.
- La sentencia se notificará a todas las partes del proceso originario.

La denegatoria de la revisión, o la ulterior sentencia confirmatoria de la anterior, no impide una nueva demanda de revisión, siempre que se funde en otros hechos o pruebas.


Fuentes de consulta legal:

• Decreto Legislativo Nº 957 – Nuevo Código Procesal Penal
• Decreto Legislativo N° 958 (Que regula Proceso de Implementación y Transitoriedad del Nuevo Código Procesal Penal)
• Decreto Supremo N° 005-2007-JUS (Modifican Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal)

La actividad probatoria en el proceso penal acusatorio

La actividad probatoria en el proceso penal acusatorio


















ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA

Por Christian Salas Beteta.



I. LA PRUEBA

En simples términos podemos decir que la prueba es la verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando los elementos de prueba de que disponen las partes y que se incorporan al proceso a través de medios de prueba y con arreglo a ciertas garantías. De ello deducimos, primero, que la prueba no consiste en averiguar sino en verificar; y, segundo, precisamos que el elemento de prueba es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva, en tanto que, el medio de prueba es el procedimiento establecido por la ley dirigido a lograr el ingreso del elemento de prueba al proceso.


II. ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA

Este análisis nos permite abordar con claridad el asunto materia del presente artículo, afirmando con convicción que los Actos de Investigación son todos aquellos actos realizados durante la etapa de investigación por el Ministerio Público, la Policía o el Juez de Garantía, que tienen por objeto obtener y recoger los elementos de prueba que serán utilizados en forma mediata para verificar las proposiciones de los litigantes durante el juicio y en forma inmediata para justificar, con grado de probabilidad, las resoluciones que dictará el Juez de Garantía durante las etapas preliminares del procedimiento, mientras que, de otro lado, los Actos de Prueba son todos aquellos actos realizados por las partes ante el Tribunal del Juicio Oral con el objeto de incorporar los elementos de prueba destinados a verificar sus proposiciones de hecho.

Cuando se trata del acto de prueba de la parte acusadora, la finalidad es persuadir al Tribunal, con grado de certeza, acerca de todos y cada uno de los extremos de la imputación delictiva; cuando se trata del acto de prueba de la parte acusada, la finalidad es cuestionar la posibilidad de adquirir certeza sobre uno o más de los extremos de la imputación delictiva.


III. DIFERENCIAS

Entre los actos de investigación y los actos de prueba pueden observarse diferencias en cuanto a:

a) La Oportunidad.

Los actos de investigación sólo pueden ser realizados durante la etapa de investigación, en tanto los actos de prueba –por regla general- sólo pueden ser realizados durante el juicio oral. El principio viene expresado así en el Nuevo Código Procesal, que regula la oportunidad para la recepción de la prueba, señalando que la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley. En el mismo sentido, se precisa que “El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral”.

El citado cuerpo legal ha reservado de manera cuidadosa la denominación de pruebas y medios de prueba para referirse a los actos de rendición de la prueba que se ejecutan durante la fase de debate contradictorio.

El nuevo Código Adjetivo no sólo impone a la Sala el deber de formar su convicción exclusivamente sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral, sino que agrega que, por regla general, durante el juicio no se podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público.

No obstante, afirmar que la prueba, propiamente dicha, sólo tiene lugar en el juicio oral, no implica desconocer que existe una actividad preprocesal que comienza en el momento mismo en que se inicia la investigación, y que consiste en las actuaciones que la ley autoriza a la policía, al ministerio público y al juez de garantía para la obtención de los elementos de prueba que han posteriormente de incorporarse al proceso como medios de prueba. Estos son los llamados actos de investigación que, como tales, sólo pueden desarrollarse durante la etapa de investigación y tienen una eficacia limitada a las finalidades de dicha etapa.

Por el contrario, los actos de prueba tienen por objeto incorporar los elementos de prueba tendientes a verificar las proposiciones de hecho de las partes y por lo tanto sólo pueden ser realizados durante el juicio oral. Esto es así porque es esta etapa la única que ofrece las garantías de publicidad, oralidad, inmediación, continuidad y concentración, que rodean precisamente a la producción de la prueba.

Excepcionalmente, sin embargo, la ley procesal penal acepta que se produzca prueba en forma anticipada durante la etapa de investigación o durante la etapa intermedia, pero rodeando el acto de las mismas garantías, cuando un testigo o perito se encontrare en la imposibilidad de concurrir a declarar al juicio oral.

b) Los Sujetos.

Los actos de investigación son, en primer término, los actos realizados por el Ministerio Público y la Policía. El Código Procesal Penal señala que “Los fiscales dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismo o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideraren conducentes al esclarecimiento de los hechos”. Los actos de prueba sólo pueden ser realizados por las partes.

En el contexto de un sistema adversarial en que al tribunal de la decisión le corresponde un rol pasivo, son las partes las que, en el desarrollo del debate contradictorio, deben probar las afirmaciones de hecho que fundamentan sus pretensiones de condena o absolución. A la Sala del juicio oral se le reconoce sólo excepcionalmente la posibilidad de realizar actos de prueba de contenido sumamente limitado, como sucede por ejemplo en la facultad que se le reconoce a sus miembros para formular preguntas al testigo o perito con el fin de aclarar sus dichos.

c) La Finalidad.

La finalidad de los actos de investigación y de los actos de prueba está determinada por la finalidad de cada una de las etapas dentro de las cuales se producen. De esta manera, los actos de investigación, que son desarrollados, como tales, en una etapa preparatoria del proceso penal, no tienen por objeto producir una decisión de absolución o condena, sino solamente reunir los elementos probatorios necesarios para fundar o desvirtuar una acusación, esto es, aquellos elementos que se pretende producir durante el juicio oral para verificar las proposiciones de la parte acusadora y de la parte acusada en torno a la existencia del delito y la participación punible del acusado. Los actos de prueba, por el contrario, tienen por precisa finalidad lograr la convicción del tribunal del juicio oral en torno a las proposiciones fácticas hechas valer por las partes con el objeto de provocar la decisión de absolución o condena.

Concluimos señalando que la prueba no pretende arribar a la verdad sino sólo crear certeza (convencimiento) en el Juez, toda vez, que la justicia humana no puede aspirar a más, la infalibilidad es una utopía.


Fuentes Bibliográficas y del Internet:

1. Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 638.
2. Código de Procedimientos Penales – Ley N° 9024.
3. Nuevo Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 958.
4. La Prueba en el Derecho Procesal Penal. Moisés Tambini del Valle.
5. La Prueba en el Nuevo Código Procesal Penal.
www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=113
6. La Prueba en el Proceso Penal.
www.websjuridicas.com/modules/news/article.php?storyid=368

CONFESION SINCERA

Acerca de la confesión sincera
Edhín Campos Barranzuela Presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash

Han invitado a la reflexión las recientes declaraciones del presidente del Poder Judicial, Javier Enrique Mendoza, expuestas ante el Congreso de la República sobre la incesante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.

En efecto, el máximo representante del órgano encargado de impartir justicia ha expresado que es necesario tomar urgentes medidas, que permitan al Poder Judicial poder contar con las herramientas jurídicas para procesar a los que incurran en la comisión de graves delitos y que han puesto en jaque la paz y la tranquilidad públicas.

Para encontrar soluciones hay que partir por aceptar que nuestra realidad muestra un panorama cada vez más violento y los índices delincuenciales se incrementan cada día más.

Por tal razón, urge establecer políticas públicas para afrontar la delincuencia y el crimen organizado, y para que se cumpla este cometido deben intervenir, en forma articulada, todos los poderes del Estado y las instituciones involucradas en la seguridad ciudadana. 

Dentro de la agenda judicial de Seguridad Ciudadana, se ha planteado la derogación del artículo 136 del Código de Procedimientos Penales sobre la denominada figura de la confesión sincera y la pronta puesta en vigencia de los artículos 160 y 161 del nuevo Código Procesal Penal de 2004.

Dichos insertos establecen que la confesión para ser tal debe consistir en la admisión de los cargos o imputación formulada en su contra por el imputado y solo tendrá valor probatorio cuando esté debidamente corroborada por otros elementos de convicción, sea prestada libremente, ante la presencia del juez de la causa, el fiscal y en la presencia de su abogado defensor.

De la misma forma se establece que los efectos de la confesión, adicionalmente si es sincera, salvo los casos de flagrancia, se podrá disminuir prudencialmente la pena.
Entonces se plantea la perentoria necesidad que para los casos considerados graves, como secuestro, extorsión, robo con agravantes seguidas de muerte, lesiones graves y tenencias ilegal de armas de fuego, etcétera, solo en caso de flagrancia, no opere la confesión sincera y se les aplique todo el peso de la ley y sin ningún tipo de beneficios penitenciarios.

Se viene planteando, igualmente, la entrada en vigencia a escala nacional de los artículos 446, 447 y 448 del nuevo Código Procesal Penal, relativos a los procesos inmediatos.

Estas normas son aplicadas a delitos en los que el esclarecimiento está definido, como ocurre en situaciones de flagrancia, cuando el delincuente confiesa los hechos, o cuando desde ya el primer momento de la investigación se han obtenido las evidencias materiales más importantes que sirven para dictar una sentencia condenatoria rápida, expeditiva.
De la misma forma se ha planteado la institución de un procedimiento de unificación y sumatoria de penas en los casos de concurso real de delitos y cuyas penas podrían superar el tope establecido por el Tribunal Constitucional de 35 años de pena privativa de libertad.

EL HABEAS CORPUS

El Hábeas Corpus, por lo tanto, constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso suele emplearse para impedir abusos por parte de las autoridades ya que obliga a dar a conocer la situación del detenido ante un juez.
Cuentan los expertos que el Hábeas corpus se remonta a la época de los romanos, cuando su objetivo era exhibir al hombre libre que era detenido por otra persona. Esta herramienta jurídica, por lo tanto, estaba enfocada a los casos en los cuales se violaba la libertad entre ciudadanos y no frente a decisiones de los gobernantes.


La utilización del recurso contra las autoridades comenzó a aplicarse en 1305, cuando se le exigió al rey Eduardo I de Inglaterra que informara de la situación de un sujeto con libertad restringida.
Los especialistas destacan que el Hábeas Corpus defiende y abarca dos derechos importantes: la libertad individual (que supone que el individuo no puede ser detenido de manera arbitraria) y la integridad personal (el sujeto no debe ser víctima de daños contra su persona, como lesiones generadas por torturas, por ejemplo).
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch defienden la instauración del derecho de Hábeas Corpus a nivel mundial para evitar cualquier tipo de violación.
La libertad y los fines del Hábeas Corpus
En lo que se refiere al ámbito social, político y jurídico, posiblemente uno de los términos más nombrados y a la vez con un mayor número de acepciones es el de libertad. En el concepto de Hábeas Corpus, también es uno de los vocablos más presentes y se trata de una facultad o quizás capacidad humana de actuar de una u otra forma siendo fiel a aquello que la persona crea conveniente.
Esto significa que la libertad es un espacio donde no existen las coacciones o impedimentos externos para el desarrollo completo de un individuo; un acto que es ejecutado con el dominio absoluto de las facultades por parte de un individuo, es un hecho concebido en libertad.
Pero no es un concepto que deba entenderse sólo en un sentido individual; se trata también de un asunto social y político. De este modo, las acciones de una persona son juzgadas de acuerdo a las leyes y al contexto legal en el que se las realice.
El Hábeas Corpus es una de las garantías que regula los derechos fundamentales de un individuo y depende de un mandato constitucional. Es decir que toda persona que se viera privada de su libertad o que sintiera amenazada su seguridad individual, puede solicitar a un juez con jurisdicción en la zona en cuestión un mandamiento de Hábeas Corpus a través del cual se le restituya su libertad.
Es importante, antes de terminar, dejar claro que el Hábeas Corpus no es un procedimiento, sino un proceso. Su finalidad es velar por la libertad de una persona y las resoluciones tomadas a partir de él responden a esta exigencia.
Los fines del Hábeas Corpus son:
* Fin preventivo: toda persona que pueda ver amenazada su libertad de forma ilegal, tiene derecho a solicitarlo a fin de que se examine aquel factor que la intimida;
* Fin reparador: la persona que se vea ilegalmente privada de su libertad puede solicitar la rectificación del caso en el que se encuentra vinculada y el juez deberá restituirle su libertad;
* Fin genérico: responde a aquellas circunstancias que no se hallen contempladas en los fines anteriores y la persona afectada podrá solicitar la rectificación de su caso si ha sido privada de su libertad o seguridad de formas ilegales.

LA CONSTITUCIÓN, LA LEY, LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y REGIMEN DE EXCEPCIÓN.

LA CONSTITUCIÓN, LA LEY, LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y REGIMEN DE EXCEPCIÓN.

1.  LA CONSTITUCIÓN.

La Constitución es la ley fundamental o norma legal que establece los derechos y deberes más importantes de la persona. Además, organiza el Estado y recoge las nociones básicas sobre cada uno de los elementos que lo componen.

Es la norma jurídica fundamental del Estado, de primera jerarquía, donde están consagrados los deberes y derechos más importantes de la persona, y las normas para la organización y funcionamiento del Estado, así como sus fines y objetivos, indicando además quienes ejercen el poder político y cuales son sus atribuciones y limitaciones.

La Constitución es la norma legal suprema del Estado a través de la cual se regula el ordenamiento jurídico de la sociedad, dentro de un Estado.
1.1.   PARTES DE LA CONSTITUCIÓN.

a.   Preámbulo.- Es una declaración que explica y justifica el contenido de la constitución. Allí están los fundamentos o principios que el texto constitucional consagra, en la búsqueda de una sociedad más justa.

b.   Parte dogmática.- Esta formada por la declaración de derechos y deberes de los peruanos, relacionados con la persona humana, la familia, el trabajo, salud, educación y la cultura. Dogmática por que los derechos incluidos en sus declaraciones son de validez universal.

c.   Parte orgánica.- Contiene las normas relativas a los órganos fundamentales del Estado y sus funciones.

1.2.   TIPOS DE CONSTITUCIONES.

A través de nuestra historia es posible identificar tres tipos de constituciones:

*    Las liberales.- promueven un mayor ámbito de libertad para el ciudadano. Defienden la implantación de la república democrática. Por ello usualmente optan por reforzar el poder del parlamente.

*    Las conservadoras.- impulsan un poder estatal fuerte para mantener el orden. Por esta razón tienden a fortalecer la función del ejecutivo y dan poca importancia a las opiniones populares.

*    Las moderadas.- tratan de conciliar las dos posiciones anteriores para guardar un equilibrio entre los poderes del estado.
1.3.   HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES DEL PERÚ.

El Perú desde 1821 hasta la actualidad ha tenido las siguientes constituciones:

1.   Constitución de 1823: elaborada y aprobada por el Primer Congreso Constituyente, fue promulgada por el gobierno de Torre Tagle. Esta constitución de carácter liberal no llegó a regir.

2.   Constitución de 1826: también denominada la Constitución Vitalicia de Bolívar, tuvo un carácter conservador, fue promulgada por Santa Cruz. Esta constitución fue la de menor tiempo de vigencia; 49 días.

3.   Constitución de 1828: promulgada durante el gobierno del general José de La Mar, es considerada madre de todas nuestras constituciones pues estableció sustancialmente la estructura orgánica del Estado peruano. Tuvo carácter liberal.

4.   Constitución de 1834: promulgada durante el gobierno del mariscal José Luis de Orbegoso, fue una reproducción total del anterior.

5.   Constitución de 1837: promulgada por el entonces presidente de la confederación Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz; tuvo un carácter conservador.

6.   Constitución de 1839: promulgada durante el gobierno de Agustín Gamarra, se conoce también como la constitución de Huancayo pues fue elaborada en dicha ciudad. Tuvo un carácter conservador.

7.   Constitución de 1856: promulgada durante el primer gobierno de Ramón Castilla, tuvo un carácter liberal y reconoció nuevos derechos fundamentales de la persona.

8.   Constitución de 1860: promulgada durante el segundo periodo presidencial de Ramón Castilla; Jorge Basadre la considera como la Constitución transaccional, pues trato de unir los planteamientos liberales y conservadores. Fue la de mayor vigencia (60 años), fue una constitución moderada y rigió hasta 1920.

9.   Constitución de 1867: promulgada por Mariano Ignacio Prado; de tendencia liberal, no tuvo vigencia efectiva pues fue abolida en seis meses. En su lugar se restableció la constitución anterior.

10. Constitución de 1920: promulgada por Augusto B. Leguía, a inicios del Oncenio, tuvo un carácter progresista.

11. Constitución de 1933: promulgada por Sánchez Cerro, presentó innovaciones como el voto secreto, obligatorio y libre.

12. Constitución de 1979: fue sancionada y promulgada por la asamblea Constituyente el 12 de julio de 1979 y entro en vigencia el 28 de julio de 1980 con el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry. Reconoció los derechos sociales y laborales.

13. Constitución de 1993: es la Constitución actual, elaborado por el Congreso Constituyente Democrático y aprobada por el referéndum realizado el 31 de octubre de 1993. Esta constitución fue promulgada el 29 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1° de enero de 1994. Es de carácter liberal y da mayor protección al capital extranjero.
 2.  LA LEY.

La ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, y para el bien de los gobernados.

Son prescripciones que emanan de un órgano estatal competente que tiene como finalidad principal regular las conductas en el seno de un grupo social. Es una norma a cuyo incumplimiento debe seguir una sanción, estando tal mandato respaldado por la fuerza del Estado, su incumplimiento se da bajo:

ü  Coacción.- es el uso de la fuerza por parte de un órgano estatal para el cumplimiento de lo dispuesto en la norma jurídica.

ü  Coerción.- es la presión subjetiva (temor) que impulsa a actuar de acuerdo a lo dispuesto en la norma jurídica, se trata de un temor a la sanción material, a la coacción.
2.1.   CARACTERÍSTICAS.

1.   GENERALIDAD.- La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepción de ninguna clase.

2.   OBLIGATORIEDAD.- Tiene carácter imperativo-atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por otra otorga derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda, que somete, y otra que obedece. La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo impuesta por ella misma.

3.   PERMANENCIA.- Se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número indeterminado de casos y de hechos, y sólo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores.

4.   ABSTRACTA E IMPARCIAL.- Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad.

5.   SE CONSIDERA CONOCIDA.- Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla.
2.2.   ORDEN JERÁRQUICO DE LAS NORMAS JURÍDICAS.

I NIVEL
NORMAS CONSTITUCIONALES.
ü  La Constitución.
ü  Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ü  Los tratados y acuerdos sobre Derechos Humanos.
Acción de la inconstitucionalidad
Actos legislativos
II NIVEL
LAS LEYES, LOS TRATADOS Y OTRAS NORMAS DE IGUAL RANGO.
*     Las leyes ordinarias orgánicas.
*     Los decretos de urgencia.
*     Los decretos leyes.
*     Las normas regionales.
*     Las ordenanzas municipales
*     Sentencia del tribunal constitucional que declara la inconstitucionalidad.
III NIVEL
LOS DECRETOS Y NORMAS DE CARÁCTER REGLAMENTARIO EXPIDIDOS POR EL PODER EJECUTIVO.
*      Decretos regionales ejecutivos.
*      Los edictos municipales.
Acción popular
Actos administrativos
IV NIVEL
LAS RESOLUCIONES.
V NIVEL
NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR.
*      Sentencias judiciales.
*      Contratos.
*      Convenios.
*      Testamentos.

3.  LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES.

Las Garantías Constitucionales, son un conjunto de derechos mínimos que tenemos por el solo hecho de existir y tenemos que ejercerlos. Estas garantías constitucionales están consagradas en el Art. 200° de la Constitución vigente.

3.1.   CARACTERÍSTICAS.

a)   Son inderogables, ni el Congreso ni autoridad alguna puede eliminarlas de la Constitución, solo es permitido reformarlas, ya sea para agregar un derecho o explicarlo para que sea mejor comprendido.

b)   Son irrenunciables, es decir nadie puede renunciar a ellos y tampoco nadie puede negarle el ejercicio de estos derechos.

c)   Son la unión inseparable de derechos.

3.2.   FORMAS.

Son garantías constitucionales:

1.   La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

Esta garantía constitucional procede contra un acto u omisión de cualquier persona, que viola o amenaza la libertad individual y la seguridad personal, a fin de que la persona amenazada o afectada en su libertad la recupere a plenitud.

2.   La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.

No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.

Procede contra el hecho u omisión que vulnera o amenaza los demás derechos constitucionales ocasionado por cualquier autoridad o persona, procurando que se repongan las cosas al estado anterior a la violación o amenaza y no procede contra normas legales, ni resoluciones judiciales.

3.   La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución.

Procede cuando se vulnera o amenaza los derechos de solicitar sin expresión de causa la información que se requiere y recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, exceptuándose las informaciones que afectan la intimidad personal o aquellas que tengan que ver con la seguridad nacional o la prohibición de que no se suministren informes que afecten la intimidad personal y familiar y cuando se afecta el honor y la buena reputación, la voz y la imagen.

4.   La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

5.   La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

6.   La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

 
Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.

 
El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución.

 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.

 4.  REGIMEN DE EXCEPCIÓN.

El régimen de excepción consiste en la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales, dando poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo para que pueda tener un mejor y enérgico control de la paz y del orden interno, ya que estos regímenes se aplican en circunstancias graves de intranquilidad, conflicto interno, o de catástrofes naturales que puedan conducir a la alteración del desenvolvimiento normal de la sociedad.

El régimen de excepción están estipulados en la Constitución en el Art. 137°
 
4.1.   CLASES.

Dentro del régimen de excepción podemos encontrar dos clases, estas son:

1.   Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.  En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo.  En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.

El estado de emergencia, se produce cuando hay perturbación de la paz o el orden interno o desastres naturales que afectan la vida de la Nación y dan lugar a la suspensión o restricción de ciertos derechos constitucionales. El plazo no puede exceder de sesenta días. Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.

2.   Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende.  El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.

El estado de sitio, se decreta cuando hay invasión, guerra civil o guerra exterior y el plazo no excede de cuarentaicinco días. Ante esta situación de estado de sitio, se reúne de pleno derecho el Congreso.