viernes, 22 de julio de 2016

CONVERSA Y SOLUCIONA TUS PROBLEMAS

DIRECTOR GENERAL 
PEDRO ALEJANDRO REYES RAMOS
CONCILIADOR CIVIL 
ACREDITADO EN MINISTERIO DE JUSTICIA
CONCILIADOR DE FAMILIA ESPECIALIZADO
ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL


martes, 5 de julio de 2016

CURSO SECRETARIADO JURIDICO PRESENCIAL


CLASES TRES VECES POR SEMANA
TELÉFONO 2768760


HORARIO : DE 7 A 9 PM

DURACIÓN : SEIS MESES

OTORGAMOS 
DIPLOMA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CERTIFICADO DE NOTAS.

PRACTICAS PROFESIONALES EN ESTUDIO JURÍDICO



MALLA CURRICULAR:

TÉCNICA SECRETARIAL I-II-III
ADM DE ARCHIVOS
DEONTOLOGIA JURÍDICA
REDACCIÓN JURÍDICA I-II-III-
DERECHO PENAL I
DERECHO CIVIL I-II-III
ETIQUETA SECRETARIAL
ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO JURÍDICO
DERECHO JUDICIAL 
RELACIONES PUBLICAS 
RELACIONES HUMANAS
MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
CONCILIACIÓN- ARBITRAJE- 
COMPUTACION BASICA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

COSTOS

MATRICULA: S/.30 SOLES
MENSUALIDAD S/.80 SOLES
SEIS CUOTAS POR ENSEÑANZA-OJO.

REQUISITOS:
SECUNDARIA COMPLETA
EDAD: 15 A 35 AÑOS
SEXO: FEMENINO
COPIA DE DNI
COPIA DE CERTIFICADO DE SECUNDARIA COMPLETA
COPIA DE RECIBO DE AGUA O LUZ
PAGAR MATRICULA Y PRIMER MES

VENTAJAS:

DOBLE CERTIFICACIÓN OPTATIVA:

TERMINAS Y RECIBES 
DIPLOMA DE SECRETARIA JURÍDICA
CERTIFICADO DE NOTAS

ADEMAS OPTATIVAMENTE :

DIPLOMA Y CERTIFICADO 
CURSO
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

Y/O

SECRETARIADO COMPUTARIZADO


                        PROMUEVE Y ORGANIZA:

                                   PROPIETARIOS DE:




 APRENDE A REDACTAR ESCRITOS, APELACIONES, DENUNCIAS PENALES, DEMANDAS CIVILES, DOMINA LA REDACCION JURIDICA......

PODRAS TRABAJAR EN ESTUDIOS JURIDICOS.....


                       CLASES  PERSONALIZADAS
                  CLASES PARA GRUPOS DE AMIGAS


TRABAJA Y GANA DINERO, POSTULA AL MINISTERIO PUBLICO, PODER JUDICIAL, TU PUEDES SER UNA EMPLEADA DE EXITO, TENER UN TRABAJO DECENTE...


  ELLAS Y ELLOS YA LO LOGRARON.....


CADA UNO ES ARQUITECTO DE SU PROPIO DESTINO
INFORMATE EN AV MIGUEL IGLESIAS MZA C-LOTE 5-ALTURA CDRA 18 - UNA CDRA ANTES DE ARCO DE ALEMANA- SEGUNDO PISO- SAN JUAN DE MIRAFLORES.

domingo, 3 de julio de 2016

CENTROS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL HANS KENSEL

AV MIGUEL IGLESIAS MZA C- LOTE 5- EL TREBOL AZUL- CDRA DE LAS MACETAS ROJAS-TELEFONO 2768760


MATERIAS CIVILES:

INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS

DESALOJOS

INTERDICTO DE RECUPERAR

INTERDICTO DE RETENER

OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE GANANCIALES

DIVORCIO RAPIDO

TENENCIA DE MENOR

PENSION DE ALIMENTOS POR EMBARAZO

PENSION DE ALIMENTOS PARA CONYUGE

DE LUNES A VIERNES- NO TRABA DIA SABADOS

ATIENDE DOMINGOS Y FERIADOS

HORARIO : 8 AM - 4 PM 

CENTRO DE CONCILIACION HANS KENSEL

DIRECTOR :
PEDRO ALEJANDRO REYES RAMOS
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL CIVIL
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL DE FAMILIA- ESPECIALIZADO.




jueves, 30 de junio de 2016

DIVORCIO MUNICIPAL

LEY DEL DIVORCIO RÁPIDO:
DIVORCIO MUNICIPAL O NOTARIAL
Ley N° 29227

¿QUÉ ES LA LEY DEL DIVORCIO RÁPIDO?
El 14 de julio del 2008 entró en vigencia en el Perú la  Ley Nº 29227, conocida como la “Ley de Divorcio Rápido o Ley del Divorcio Municipal o Notarial”, la cual otorga a las notarías y a los alcaldes distritales y provinciales competencia en el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior.
¿POR QUÉ SE LE DENOMINA LEY DEL DIVORCIO RÁPIDO?
Esta ley ha sido diseñada para obtener el divorcio ante una Notaría o Municipio en un plazo aproximado de tres (03) meses.
¿QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A LA LEY DEL DIVORCIO RÁPIDO?
Sólo pueden acogerse a este procedimiento los cónyuges que estén de acuerdo en divorciarse.
¿EN CUÁL DE LAS DOS MODALIDADES CONVIENE DIVORCIARSE?
Si necesita un trámite realmente rápido, le recomendamos hacerlo vía notarial, la diferencia de costos es mínima.
En cambio, en la Municipalidad, la duración es casi similar que en el Poder Judicial, ya que cada decisión de trámite debe ser firmada por el propio alcalde (burocracia), previa opinión del asesor legal.
¿SE PUEDE REALIZAR EL DIVORCIO RÁPIDO, VÍA INTERNET, SIN PRESENCIA FÍSICA DE LOS CÓNYUGES?
Si, en razón que, el único momento en el cual es necesario la presencia de los cónyuges, es al momento de la audiencia (*), la misma que después de los siete (07) días de presentada la demanda, es convocada por el Notario.
(*) En esta audiencia, no es necesaria la presencia física de los cónyuges; si así lo desean, serán representados por la persona que designen o por nuestros procuradores, la que se realizará a través de un poder inscrito en los Registros Públicos.  
REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA EL DIVORCIO RÁPIDO
  • Tener como mínimo 2 años de casados. 
  • Que los cónyuges estén de acuerdo para la realización de este tipo de divorcio.
  • Solicitud conteniendo los nombres completos de la pareja, dirección del último domicilio conyugal  y la declaración expresa de su deseo de separación y divorcio posterior, con la firma y huella digital de ambos cónyuges puesta al final. Esta solicitud deberá estar autorizada por un abogado. 
  • Fotocopia de los DNI.
  • Acta en original o copia certificada de la Partida de Matrimonio expedida con una anterioridad no mayor a tres (03) meses. 
  • Declaración Jurada de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, dicha declaración deberá llevar firma y huella digital de ambos cónyuges.
En caso de tener hijos menores y/o mayores incapaces, presentarán sus partidas de nacimientos originales o copias certificadas; asimismo, los cónyuges acordarán un pago de pensión de alimentos, las visitas y la tenencia; nuestro Estudio Jurídico, redactará este acuerdo mediante un Acta correspondiente, la misma que tendrá que haber sido expedida con una anterioridad no mayor a tres (03) meses.
Caso contrario, presentar copia certificada de la Sentencia judicial firme (si ha habido una separación de cuerpos judicial previa), o Acta de Conciliación donde conste los  acuerdos tomados por los cónyuges  respecto a los  regímenes del ejercicio de la patria potestad, tales como, alimentos, tenencia de los hijos y régimen de visitas.
  • Declaración jurada de no tener bienes sujetos a gananciales, con firma y huella digital de ambos cónyuges.  
De ser el caso que no los tienen porque optaron por el régimen de separación de bienes, deberán adjuntar la Escritura Pública de Separación de Patrimonio debidamente  inscrita en los Registros Públicos.
De tener bienes adquiridos bajo el régimen de sociedad de gananciales (bienes adquiridos dentro del matrimonio), deberán realizar la liquidación de estos, antes de iniciar el trámite y adjuntar la  Escritura Publica debidamente inscrita en los Registros Públicos. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE DEL DIVORCIO RÁPIDO 
El divorcio notarial, conlleva el mutuo acuerdo de los cónyuges, este trámite tiene una duración aproximada de tres (03) meses, la cual está dividida en tres etapas importantes, siendo las siguientes: 

PRIMERA ETAPA:


Una vez ingresada la demanda y transcurrido siete (07) días, el Notario convocará a la primera audiencia, la misma que se realizará dentro de las dos (02) semanas siguientes; en esta audiencia, dicho colegiado extiende y hace entrega de la primera sentencia; esta sentencia o documento, es el acta de separación de cuerpos, (Por la separación de cuerpos se suspenden los deberes relativos al lecho y habitación; asimismo, pone fin al régimen patrimonial de sociedad de gananciales, pero subsiste el vinculo matrimonial); es decir, a partir de ese día, cada cónyuge, puede comprar bienes sin la firma del otro y la adquisición de éstos hacia el futuro, son de exclusividad del comprador.


SEGUNDA ETAPA:


Habiendo transcurrido ocho (08) semanas, después de haber entregado la primera sentencia, el Notario, extiende la segunda sentencia; este documento en su contenido resuelve la disolución total y absoluta del matrimonio.
TERCERA ETAPA:

Con la sentencia que resuelve el divorcio, se tramita la inscripción del divorcio en la Municipalidad donde los ex cónyuges contrajeron matrimonio (sólo en Lima).
De solicitar adicionalmente, tramitamos la inscripción mediante oficio (órdenes) ante la RENIEC, el nuevo estado civil de los ex cónyuges y la actualización correspondiente de sus documentos de identidad.  
DIVORCIO RÁPIDO DESDE EL EXTRANJERO 
Los peruanos en el extranjero que deseen divorciarse por separación convencional o mutuo acuerdo, solo tienen que remitirnos un poder otorgado por ante el Consulado Peruano del país en que radican, en base al formulario que le enviamos vía Internet.

Si los esposos están en el extranjero y/o radican en diferentes países, no hay problema, estamos en condiciones de representarlos a ambos.
La autorización que usted envía del extranjero para que nosotros podamos realizar el divorcio rápido, debe ser visada en el Perú, inscrita en Registros Públicos y Juramentado para su validez.
Si el matrimonio lo realizó en el extranjero y lo refrendó en un Consulado Peruano, usted puede acogerse al divorcio rápido. 

Si estando en el extranjero no es posible llegar a un acuerdo con su ex pareja, y ella reside en el Perú u otra parte del mundo, podemos tramitar su divorcio por la causal de separación de hecho u otra causal, debiéndonos remitir un poder especial que otorgará en base a un formulario que le enviaremos vía Internet.
Es importante que el poder para divorcio sea de nuestra autoría ya que en los consulados tienen un modelo que aplican a todos por igual, y de eso no se trata, ya que cada divorcio tiene sus particularidades y muchas veces por no incluirlas, estos poderes son rechazados.

¿POR EL HECHO DE ESTAR DIVORCIADA BAJO LA LEY EXTRANJERA, UNA PAREJA, AUTOMÁTICAMENTE LO ESTÁ
PARA LA LEY PERUANA?
No. Al momento en que se registra el matrimonio en el Consulado Peruano, la pareja adquirió el reconocimiento para la legislación peruana.
Mientras que, cuando uno se casa, el trámite de registro o de inscripción de matrimonio se puede hacer con el mismo documento que le expide la municipalidad, el trámite de divorcio no se puede hacer así. 

Regularmente se entiende que el procedimiento judicial que tiene que seguir en el Perú es uno de los reconocimientos de sentencia extranjera.
La sentencia extranjera es una resolución judicial que le pone fin a un proceso. Es una resolución emitida por un juez competente que declara que el vínculo matrimonial ha sido disuelto. 

Sin embargo, en muchos casos se dan interpretaciones extensivas que permiten que las actas de divorcio puedan ser reconocidas en el Perú.
El acta municipal no es una sentencia. Por lo tanto, algunas veces un acta municipal de divorcio no puede ser reconocida por un juzgado peruano.
Paradójicamente, una sentencia dictada por un juez extranjero hace mucho más fácil el trámite del reconocimiento para la ley peruana.

El hecho de que una pareja haya iniciado el trámite de divorcio no significa que estén divorciados.
El divorcio se produce cuando el juez peruano determina que el vínculo matrimonial ha sido disuelto, o sea que ya están divorciados.
Recién a partir de la fecha de la sentencia, la mujer tiene que esperar que pasen 300 días para poder dar a luz a un hijo, para que este hijo no lleve el apellido de su ex esposo; caso contrario, de nacer el hijo dentro de los 300 días después de dictarse la sentencia, ese hijo, legalmente va a llevar el apellido del ex esposo, salvo que éste último decidiera lo opuesto. 
EL DIVORCIO POR INTERNET 
El divorcio por internet, le ahorra tiempo y de paso evita que tenga encuentros desagradables con la otra parte.
Nuestros Abogados se encargan de todo el trámite, garantizando la seriedad y celeridad de los procesos. 

Le ofrecemos una gama completa de servicios de calidad, con profesionales altamente calificados, que responderán, elaborarán y asegurarán el mejor resultado, gracias a la especialización y al empleo de la última tecnología informática jurídica. 


Formalice su divorcio con toda discreción y seriedad, a través de un proceso judicial rápido, sencillo y más económico que el habitual, con solo visitar nuestra página Web y contratarnos.


En realidad, ni siquiera requiere desplazarse a nuestro Estudio Jurídico, sólo contáctenos y nosotros le daremos todas las pautas para iniciar su divorcio, lo que también puede hacerlo desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de acudir a nuestras oficinas, solamente con otorgarnos un Poder el cual será inscrito en los Registros Públicos.
El Estudio Jurídico no se hace responsable por los poderes cuyos textos no sean de nuestra autoría.
Los textos redactados en notaría o consulados en base a modelos que ellos tienen y aplican a todos por igual, ha generado problemas, ya que, muchos de estos poderes han sido observados por el Fiscal de Familia o el mismo Juez; en razón de que, por excelencia son defectuosos jurídicamente, por existir vacíos legales y no enunciar las normas aplicables, en el documento correspondiente.
Para evitar esto, le remitimos el texto del poder elaborado por nosotros el cual garantiza su divorcio.
Si desea asesoramiento legal o iniciar un proceso sobre el  tema descrito u otro más, no dude en comunicarse con el Estudio Guevara & Asociados, que en la brevedad posible uno de nuestros abogados le atenderá con la cordialidad debida.

Ley N°29227 - DIVORCIO RAPIDO

Divorcio rápido: la mejor solución cuando se apaga la llama del amor

RESULTADOS.  Desde que la Ley N°29227 entró en vigencia, en julio del 2008, miles de cónyuges han disuelto su vínculo matrimonial de forma rápida. En el 2013 en Lima se registraron 9,390 divorcios. El 47% de ellos se dio en municipios, el 27% en notarías y solo el 29% fue en el PJ.
SE ACABÓ. Las parejas jóvenes son las que más optan por el divorcio rápido. Los expertos creen que es por inmadurez
SE ACABÓ. Las parejas jóvenes son las que más optan por el divorcio rápido. Los expertos creen que es por inmadurez. Foto: Juan Pablo Ayala
TRÁMITE RÁPIDO. Las notarias son ahora otra opción
TRÁMITE RÁPIDO. Las notarias son ahora otra opción. Foto: Juan Pablo Ayala
SE ACABÓ. Las parejas jóvenes son las que más optan por el divorcio rápido. Los expertos creen que es por inmadurez
TRÁMITE RÁPIDO. Las notarias son ahora otra opción
Adriana Mayo
"Cuando una relación no da para más, es mejor dar un paso al costado", señala Francisco. La llama del amor que mantuvo su noviazgo se extinguió a los cinco años de dar el sí.
 
Las discusiones y peleas se tornaron protagonistas de la convivencia y estas empezaron a dañar el bienestar de la pareja y de su hijo. "Fue allí cuando tocamos fondo y decidimos separarnos. No había marcha atrás", añade.
 
En un inicio solo lo hicieron de manera verbal y luego procedieron por la vía rápida. Acudieron al municipio en el que se habían casado y emprendieron un procedimiento que, en no más de tres meses, terminó resuelto.
 
"Fue la mejor decisión pues no hubo más daño. Hoy mi hijo sabe que sus padres fueron capaces de resolver este problema como adultos", finaliza.
 
Desde que entró en vigencia la Ley N°29227, que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías, en julio del 2008, la mayoría de cónyuges que dicidieron terminar su unión legal optaron por el llamado divorcio rápido a través de los municipios y las notarías, sin  acudir a una instancia legal.
 
Prueba de ello es la estadística que dibuja, con el paso de los años, una curva ascendente (ver infografía) y demuestra  que solo el 2013 se inscribieron en el Reniec 9.390 divorcios en Lima Metropolitana. Ahora 7 de cada 10 divorcios se realizan por esta vía.
 
Ahora bien, ¿cuántos fueron resueltos en municipalidades y notarías, y cuántos siguieron un proceso judicial? De acuerdo con la abogada del Ministerio de Justicia y encargada de acreditar a las comunas para este trámite, Beatriz del Pino, en el mencionado año se disolvieron al menos 4.388 matrimonios en estas instituciones, cifra que representa el 47% del total de divorcios inscritos en el Reniec en dicho año.
 
Según la letrada, desde que entró en vigencia la ley, el número de instituciones ediles autorizadas también aumentó significativamente. Actualmente Lima Metropolitana cuenta con 31 comunas que pueden ejecutar el trámite.
 
Como dato adicional, Del Pino añade que no todas las solicitudes que ingresan a los despachos legales de los municipios culminan con la disolución del vínculo matrimonial. "Muchos dejan el trámite a mitad del camino, no acuden a las audiencias o se amistan".
 
Si hablamos de solicitudes ingresadas, un promedio de 7.344 cónyuges manifestaron en las municipalidades su intención de separarse, sin embargo 4.690 de ellos solo culminaron la primera etapa, es decir, llegaron a un acuerdo respecto de la separación de los bienes y solo 4.388 parejas dieron por finalizado la unión.
 
Con el paso del tiempo, los inconvenientes presentados  para el cumplimiento de la ley también han sido superados. Lo único que falta afinar es el  envío del reporte anual de los divorcios realizados, pues si bien los municipios están obligados a enviar esta data, no todos lo hacen. 
Por esta razón se estima que el número de divorcios realizados en las comunas en el 2013 podría ser mayor.
 
A la fecha existen 12 jurisdicciones en los que usted, así lo quiera, no podrá divorciarse, pues no se encuentran acreditadas. Ellas son Ate, Chorrillos, Los Olivos, Lurín, San Bartolo, San Isidro, Cieneguilla, Ancón y los balnearios.

Divorcios en notarías

Al permitirse el divorcio en notarías, los estudios de abogados ampliaron su oferta de procedimientos no contenciosos. La amplia demanda de este trámite ha hecho que se convierta en la segunda diligencia más solicitada, "solo la supera la declaratoria de herederos", explica el Decano del Colegio de Notarios de Lima, Mario Romero Valdivieso.
 
En el 2013 los notarios de Lima Metropolitana han emitido 2.276 Actas de Audiencia Única de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, lo que equivale al 24% de los divorcios reportados a Reniec en dicho año. Si hablamos de promedios, se tiene que en cada una de las 150 notarías que existen en la capital se rompieron 16 vínculos conyugales.
 
Y si sumamos los divorcios municipales y notariales, tenemos que 6.664 se resolvieron en estas instituciones, es decir, el 71% de estas separaciones se dieron por la vía rápida.
 
"Al analizar esa estadística me doy cuenta que no estuvimos equivocados al promoverlos. Todo el esfuerzo que tomó elaborar la norma, lograr un consenso, ponerla en la Comisión de Justicia, aprobarla y llevarla al Pleno valió la pena pues muchas personas han logrado solucionar su situación legal sin mucho costo para su economía familiar", reflexiona la ex congresista Rosario Sasieta, gestora de la ley.
 
Para la abogada, el hecho de que 18 mil personas hayan llegado a un acuerdo por la vía pacífica significa un gran avance para la sociedad, pues estas separaciones no ocasionaron daños colaterales en los hijos ni en los separados.
 
"Hago un llamado a aquellas municipalidades que aún no han cumplido con la ley, es importante que implementen este trámite y le permitan a sus ciudadanos divorciarse por esta vía", finalizó Sasieta.

¿Y el otro 29%?

Ahora bien, casi un tercio de los divorcios inscritos en el Reniec durante el 2013 se resolvieron en el Poder Judicial a través de un Juzgado de Familia. De acuerdo con la estadística obtenida, fueron 2.726 matrimonios los que se disolvieron por esta vía.
 
Este tipo de procesos no tomaron tres meses como los que se resolvieron en los despachos de notarios o en las municipalidades, sino mucho más, ya que los que un día se dieron el sí no se pusieron de acuerdo en la tenencia de los hijos, en los alimentos, el régimen de visitas o en la separación de los bienes que adquirieron durante el matrimonio.
 
Al no haber un acuerdo previo, este proceso de divorcios que puede tener múltiples causales como el adulterio, infidelidad, violencia física, entre otros, puede tomar 5 años, 20 o hasta 25 años, señala una fuente del Juzgado de Familia.
 
"El problema más grande es cuando hay bienes gananciales, porque ninguno de los dos quiere dividirlos", detalla.
 
Actualmente, de todos los  expedientes que reciben los 21 juzgados de Familia de Lima Metropolitana y los descentralizados, las demandas de divorcio ocupan el mayor porcentaje y la causal de 'separación de hecho' es la más solicitada.

Claves

LIDERA DIVORCIOS. San Martín de Porres presenta año a año el mayor número de divorcios. Por su parte, en Chorrillos en el 2013 solo se inscribieron 2 divorcios.
 
TRÁMITE. Una vez verificada la solicitud de divorcio en el municipio o notaría, los cónyuges son llamados a una audiencia. Allí deben reafirmar su voluntad de separarse. A los dos meses, cualquiera de los dos puede pedir la disolución final.

Diferencias entre divorcio rápido y judicial

Los divorcios por mutuo acuerdo no solo pueden resolverse en las municipalidades y notarías sino también por la vía judicial, tal como sucedía antes de que se promulgara la ley N°29227, siempre y cuando los cónyuges solicitantes cumplan con los requisitos (ver inforgrafía). El vínculo matrimonial puede disolverse en un periodo de cinco o seis meses, detalla una fuente del poder judicial. Todo dependerá de la agenda del juez de Familia.
 
Ahora bien ¿hay diferencia entre uno y otro? Si bien ambos procesos concluyen con la disolución legal, en el divorcio rápido, si uno de los ex cónyuges no respeta los acuerdos de tenencia, alimentación o régimen de visitas, el Poder Judicial es la única institución que puede solicitar su cumplimiento. Si el divorcio se dio en un Juzgado de Familia, se iniciará un proceso de ejecución de sentencia teniendo como base el expediente anterior y si el demandante cuenta con una resolución notarial o municipal, deberá iniciar un nuevo proceso por esta vía.

ENFOQUE - Los jóvenes se casan muy rápido

Lic. Rita Caldas Del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica
 
La aprobación de la ley solo objetiviza algo que muchas personas ya habían decidido. Cuando conversamos con las parejas que quieren separarse nos damos cuenta de que hay otros factores que impulsan esta separación; uno de ellos es la inmediatez y la poca tolerancia. Vemos que los jóvenes toman la decisión de casarse muy rápido y sin compromiso de por medio, y es por ello que cada vez esta ruptura es más frecuente, pues ni siquiera buscan una solución al problema.
 
Otro factor es el deseo de seguir viviendo. Ven el matrimonio como una ilusión o moda y no piensan en una familia. No esperan que el enamoramiento se convierta en amor y se casan pensando en que los problemas se van a solucionar, pero lo único que logran es agravar las cosas.
 
Pero ¿quién toma esta decisión? Los dos. Un 60% de varones deciden separarse y en el caso de las mujeres el promedio es de 40%. Y toman esta decisión sin tener en cuenta a los hijos, a ellos los consideran al final.

Nueva norma permite a la Policía saber dónde está cualquier persona sin orden judicial

Nueva norma permite a la Policía saber dónde está cualquier persona sin orden judicial

Hoy lunes 27 de julio, cuando la mayoría de peruanos está de vacaciones por fiestas patrias, el Poder Ejecutivo ha publicado una de las normas más polémicas de toda su gestión. Amparándose en las facultades legislativas que el Congreso le dio en materia de seguridad ciudadana, un nuevo decreto legislativo permite a la Policía Nacional acceder a la información de localización de cualquier teléfono móvil conectado a una red celular. Adicionalmente, también obliga a los operadores de telecomunicaciones a conservar los datos de tráfico de todas nuestras comunicaciones durante tres años para que puedan ser consultadas por las fuerzas del orden.
Bajo la excusa de combatir la delincuencia, la Policía Nacional finalmente ha logrado algo que hace tiempo venía buscando. Cuando en 2012 se rechazó por demanda popular la primera versión de la Ley de Delitos Informáticos, la Policía quería acceder a la información personal asociada a cualquier número IP sin mandato judicial. Las razones eran las mismas: el Poder Judicial demora mucho y no nos deja capturar delicuencuentes. Tres años después, hoy se le ha otorgado a la Policía el poder de rastrear en tiempo real la ubicación de cualquier usuario de telecomunicaciones en Perú sin que tenga que pedirle permiso a nadie. A través de un decreto legislativo aprobado en fiestas patrias han conseguido aquello que democráticamente no pudieron conseguir: pasar por alto el derecho a la privacidad de todos los peruanos.
El Decreto Legislativo 1182 [PDF] busca regular el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Aunque introduce también otras modificaciones al Código Penal, la parte más problemática es la de sus nueve artículos principales en la que crea dos nuevos mecanismos de acceso a la información privada de los ciudadanos.

Acceso a la información de ubicación de cualquier dispositivo móvil

El Decreto Legislativo crea un mecanismo mediante el cual la Policía puede enviar un pedido a cualquier empresa operadora para acceder a los datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos. Estos datos son enviados permanentemente por todos los teléfonos móviles conectados a una red de comunicaciones, incluso los que no son smartphones, y constituyen un registro exacto de la circulación de cualquier usuario de estos aparatos. Según el nuevo Decreto, empresas como Movistar o Claro estarán inmediatamente obligadas a proporcionar acceso en tiempo real a esta información a la Policía Nacional. Para lograrlo, hasta ahora era necesaria una autorización judicial expresa. Sin embargo, bajo este nuevo sistema la Policía ya no necesitará obtener ningún tipo de autorización previa para acceder a esta información.
Según la propia norma, la Policía solo podrá utilizar este mecanismo cuando concurran tres requisitos en simultáneo: (i) se trate de un delito flagrante, (ii) el delito investigado sea sancionado con pena superior a los cuatro años de cárcel, y, (iii) el acceso a esta información constituya un medio necesario para la investigación. Sin embargo, el cumplimiento de estos requisitos solo será revisado luego de que la Policía ya haya accedido a los datos. Así, la unidad a cargo de la investigación policial tendrá 24 horas para enviar al Fiscal un informe que sustente su requerimiento y el Fiscal tendrá otras 24 horas para solicitar a un juez la “convalidación de la medida”. A su vez, el juez que reciba el pedido tendrá otras 24 horas para pronunciarse sobre la legalidad del pedido y establecer un periodo durante la cual estará vigente. Bajo este sistema, podrían pasar hasta 72 horas desde que la Policía empezó a monitorear a cualquier ciudadano para que recién un Juez pueda pronunciarse sobre la legalidad de la medida y verifique si realmente se han respetado los requisitos.
intervencion_dl1182
Bajo el esquema anteriormente vigente, si la Policía quería necesitaba acceder a la geolocalización de cualquier línea telefónica era necesario que sea un Fiscal quien se lo solicite a un Juez. Resultaba responsabilidad del Fiscal convencer al Juez de que existían indicios suficientes como para amparar esta solicitud y era el magistrado quien establecía la forma, oportunidad, periodo y garantías aplicables a la intervención. Este trámite no es antojadizo y responde a un diseño fundamental de nuestra Constitución y de todas los instrumentos de derechos humanos internacionales: las comunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Ahora, mediante un solo artículo en un Decreto Legislativo, se pretende excluir los datos de ubicación del contenido constitucionalmente protegido del secreto de las comunicaciones. Desde la entrada en vigencia de este nuevo Decreto, la información que antes la Policía solo podía obtener mediante una autorización judicial expresa ahora podrá obtenerla directamente de las empresas de comunicaciones a su solo pedido.
En su artículo 6, la norma revela la tesis detrás de su propuesta: que la información de geolocalización no constituye parte del secreto de las comunicaciones y, por ende, no está protegido por la Constitución. Esta afirmación, sin embargo, está directamente en conflicto con la Constitución que extiende esta protección a las comunicaciones, telecomunicaciones y sus instrumentos. De la misma manera, otras normas vigentes como la Ley de General de Telecomunicaciones o la Directiva sobre la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones también son enfáticos al incluir los datos de tráfico como parte de esta protección.

Retención de datos de tráfico por tres años

En una de sus disposiciones complementarias, el Decreto Legislativo incorpora un cambio mayor en la forma en la que se protege la privacidad de los usuarios de comunicaciones en Perú. Por primera vez, se aprueba en Perú una norma expresa que obliga a todas las empresas concesionarias de servicios públicos a almacenar por tres años toda la información de los datos derivados de las telecomunicaciones para que pueda ser consultada por la Policía. Esto significa que toda la información sobre los detalles de con quién nos comunicamos, por cuánto tiempo, y desde dónde, entre otros, correspondientes a los últimos tres años serán almacenados por las empresas de telecomunicaciones.
En estos casos, el Decreto Legislativo sí establece como requisito que la Policía cuente con una autorización judicial para acceder a esta información. Sin embargo, esta garantía no es suficiente porque la privacidad de cualquier ciudadano ya está siendo vulnerada con la mera retención de los datos sin necesidad de que ella sea procesada o leída por alguien. Este es un criterio que cada vez resulta más estable en la jurisprudencia internacional, en hasta dos casos la Corte Europea de Derechos Humanos, en informes de Naciones Unidas y también ha sido claramente expresando en los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.
Las normas de retención de datos constituyen uno de los asuntos más controvertidos a nivel mundial en materia de privacidad. Normas similares a las que acaba de aprobar nuestro Poder Ejecutivo han sido y continúan siendo materia de debates intensos en países como ParaguayColombia o Argentina. En Europa, el año pasado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválida la Directiva de Conservación de Datos porque consideró que la recopilación masiva de datos de ciudadanos inocentes constituía “una interferencia de amplio alcance y particularmente grave de los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de los datos personales”.
En junio de 2014, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue explícito en su reporte sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital al condenar las normas de retención de tráfico señalando:
La preocupación sobre si el acceso a los datos y su uso se ajustan a objetivos legítimos específicos plantea también dudas sobre la creciente colaboración de los gobiernos con entidades del sector privado para que conserven datos “por si acaso” los necesita el gobierno. La conservación obligatoria de datos de terceros —característica frecuente de los regímenes de vigilancia de muchos Estados, cuyos gobiernos exigen a las compañías telefónicas y a los proveedores de servicios de Internet que almacenen los metadatos acerca de las comunicaciones y la ubicación de sus clientes para que las fuerzas del orden y los organismos de inteligencia puedan acceder posteriormente a ellos— no parece necesaria ni proporcionada.
A pesar de estos antecedentes, en Perú una norma de este tipo ha sido aprobada sin consulta ni debate previo y directamente por el Poder Ejecutivo usando un mecanismo excepcional para dar leyes.

No uno sino varios errores

Como se aprecia, son varios y graves los cuestionamientos legales que pueden hacerse a esta norma y su aplicación pone en riesgo nuestros derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de tránsito y la libertad de asociación. Sin embargo, con independencia de cuál sea la posición personal de cualquiera, resulta innegable que reformas de este tipo necesitan ser discutidas en público, en el Congreso, con la posibilidad de que distintas voces puedan participar del debate y se respeten las garantías del procedimiento legislativo de cualquier democracia.
Es necesario que el Poder Ejecutivo y el Congreso se preocupen por mejorar el marco jurídico para mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, esta necesidad no nos puede llevar a relevar garantías fundamentales básicas y mucho menos puede amparar que estas reformas se discutan a escondidas y se aprueben sin debate. Si el problema es que el Poder Judicial o el Ministerio Público se demoran mucho en facilitar el acceso a la información privada de los sospechosos de un delito, la solución no puede ser esconder el problema debajo de la alfombra y anular su participación. Peor aún, la norma actual transfiere el costo de la supuesta demora del Poder Judicial al ciudadano y no hace nada por modificar las situaciones de hecho o de derecho que producen esta demora.
Quienes entendemos la magnitud de este nuevo marco legislativo estamos llamados a reaccionar, explicarlo a los demás y demandar una reacción por parte de las demás autoridades que han sido dejadas fuera de esta decisión. Ese es nuestro deber y ese es en nuestro compromiso.