martes, 17 de mayo de 2016

Especialistas rechazan proyecto de nuevo Código Penal

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Especialistas rechazan proyecto de nuevo Código Penal

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Los penalistas Carlos Caro, Luis Lamas Puccio, César Nakazaki y Mario Amoretti coinciden en que la iniciativa que pretende reformar la ley vigente carece de suficiente reflexión técnica y que su aprobación generaría consecuencias graves para la aplicación del Derecho Penal.
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(Fotos: LaLey.pe / El Comercio / Perú21 / estudiocdgs.com)


Tras la frustrada votación del proyecto de nuevo Código Penal durante la pasada sesión plenaria, el Congreso de la República retomará el debate este jueves 12  incluyendo ciertos ajustes.

Sin embargo, para muchos especialistas, una simple modificación de último momento no supondría una mejora relevante a la propuesta que pretende reformar el marco legal para los delitos en el país. Precisamente, LaLey.pe conversó con los abogados penalistas Carlos Caro, Luis Lamas Puccio, César Nakazaki y Mario Amoretti sobre la controvertida iniciativa.

Carlos Caro Coria: "No hubo trabajo dogmático serio en la Comisión de Justicia"

Según el penalista Carlos Caro Coria, el proyecto no implica una gran novedad legislativa, pues lo que se está haciendo, sostiene, es “parchar” el Código Penal de 1991. “El proyecto de nuevo Código recoge proyectos de ley presentados desde 2011. Lamentablemente, no es un trabajo dogmático serio ni se aplica una verdadera política criminal. Es una simple reactualización del Código ya vigente”, afirma.

Por otra parte, el abogado indica que “no se ha democratizado el debate, dándolo a conocer públicamente a la ciudadanía. Un nuevo Código Penal debe ser producto de una reflexión técnica seria, junto a juristas y especialistas”.

Además, considera que el contenido del proyecto no toma en cuenta la aplicación de leyes aprobadas hace poco, como la que sanciona a las empresas por actos relacionados a la corrupción transnacional.“Si revisamos el texto de la norma y el texto del proyecto de nuevo Código, notaremos que se incluyen más delitos y que las reglas de aplicación varían; no son las mismas. Esto resulta extraño, pues se estaría cambiando una ley ya publicada que está en periodo de vacatio legis[la norma entrará en vigencia recién el próximo año]. Esta contradicción legislativa evidencia lo poco serio que es el trabajo realizado por esta Comisión [de Justicia]”.

Por último, el abogado explica que en el proyecto “el régimen de las consecuencias accesorias se mezcla con las sanciones previstas para la persona jurídica, como si se tratara de penas. Aprobar esto, tal y como está redactado, generaría un gravísimo problema desde el punto de vista dogmático para diferenciar ambos conceptos. La propuesta, definitivamente, requiere de una revisión mucho más seria”.

Luis Lamas Puccio: "El Congreso ha perdido autoridad para proponer un nuevo CP"

Para Luis Lamas Puccio, el texto preparado originalmente por la Comisión de Justicia presenta graves defectos en su proceso de formulación. “[El proyecto] no enmarca la política criminal del Estado, sino que solo presenta aspectos genéricos. No tiene un razonamiento primigenio sobre sus propias directrices como sí lo tuvo el Código Penal de 1991, hoy vigente que, por ejemplo, sustenta la exclusión de la reiterancia y la reincidencia y precisa por qué en ciertos casos es necesaria la orden de prisión efectiva”, señala.

Lamas afirma, además, que “el Congreso ha perdido autoridad institucional para proponer un nuevo Código Penal, pues el mismo Legislativo ha modificado y desnaturalizado en 600 ocasiones el Código actual. Recopilar normas internacionales y una serie de propuestas legislativas como se pretende hacer solo genera mayor caos y desorden”.

Asimismo, el especialista estima que no es un momento oportuno para que el Congreso reforme la ley penal: “Se entendería como apresurada una aprobación sobre un proyecto que ni siquiera se ha difundido. Un Código debe ser motivo de una discusión más acuciosa y metodológica, no solo por parte de los especialistas, sino también de la sociedad civil en su conjunto a través de sus órganos representativos, incluyendo los estamentos relacionados a la Justicia en el país”.

César Nakazaki: "¿Dónde quedó la verdadera política de seguridad ciudadana?"

El penalista César Nakazaki también sostiene que el nuevo Código Penal no debería aprobarse en esta legislatura: “Después de la Constitución, el debate jurídico más importante que debe realizar una sociedad es el del Código Penal, pues este fija qué hechos pueden considerarse delitos y cuáles son las consecuencias de su comisión. La sociedad no puede estar al margen de ese debate, como históricamente siempre lo está, limitándolo a la reflexión de académicos y políticos”.

Nakazaki identifica ciertos detalles que requieren de mayor trabajo. Por ejemplo, si es constitucional o no que se apliquen medidas de seguridad post-cumplimiento de la pena o si es correcto el marco legal planteado sobre la responsabilidad de las personas jurídicas o si se está respetando la proporcionalidad de las sanciones previstas para los diversos delitos.

El abogado también afirma que el proyecto, tal y como está presentado o aún con las modificaciones ya sugeridas tras el debate del pasado Pleno, carece de legitimidad, de oportunidad y de verdadera política de seguridad ciudadana. “De ninguna manera nos encontramos en un momento oportuno para aprobar ese proyecto. Debemos tomar en cuenta que la principal causa de la inseguridad es que las personas creen cada vez menos en la ley y su efectividad. Entonces, si un nuevo Código Penal va a ser un rotundo fracaso, como ya se está advirtiendo, el remedio se convertirá en algo más dañino que la propia enfermedad”, advierte.

Finalmente, sugiere que “debe existir esa política de seguridad ciudadana de la que careció el Código Penal de 1991. Ese Código [aún vigente] fue hecho pensando que vivíamos en Suiza, cuando el Perú experimentaba la peor ola de terrorismo de su historia. Es por eso que, consecuentemente, el Código Penal sufrió 10 veces más modificaciones legislativas que su versión de 1924. No podemos caer en el mismo problema”.

Mario Amoretti: "Diseñar un nuevo CP no es lo mismo que recopilar proyectos"

Por su parte, Mario Amoretti, penalista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, coincide en que el proyecto tiene varios desaciertos en su formulación. “Es un texto sin justificación de motivos y con problemas de razonamiento en la proporcionalidad de penas. Además, es una iniciativa que no ha sido consultada con ningún Colegio de Abogados ni tampoco con representantes de las instituciones que administran justicia”, afirma.

De otro lado, el abogado considera que aun incluyendo las mejoras sugeridas, el proyecto no debería aprobarse tan pronto.  “El problema no está solo en las fallas de la redacción y la carencia de técnica jurídica. Lo que han hecho en el Congreso es recopilar proyectos que se han venido presentando desde hace varios años y jugar a diseñar un nuevo Código. Esa no es manera de plantear una ley tan importante”, dice Amoretti.

“Yo considero que, de aprobarse este proyecto, el Ejecutivo debería observarlo. De llegarse a promulgar, el Congreso en su próxima legislatura debería formar una Comisión en la que participen juristas y especialistas que contribuyan a una mejor redacción y diseño”, concluye el exdecano.

Deber pensión de alimentos no impide el divorcio

SI DEUDA ALIMENTARIA ES POSTERIOR A LA DEMANDA

Deber pensión de alimentos no impide el divorcio

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La Corte Suprema ha precisado el requisito de procedibilidad para solicitar el divorcio por separación de hecho consistente en no tener deudas por alimentos. Así ha señalado que este debe entenderse solamente al tiempo anterior de la presentación de la demanda, y no durante el proceso.
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(Foto: Redes)


Puede declararse el divorcio por la causal de separación de hecho, pese a que el demandante no esté al día en el pago de las pensiones alimenticias, siempre que estas deudas hayan surgido posteriormente a la interposición de la demanda de divorcio.

En estos casos el juez no podrá tomar en cuenta los devengados que se formulen a partir del incumplimiento de la pensión fijada, toda vez que el monto de la deuda a pagar se ha generado en fecha posterior al inicio de la solicitud de disolución del vínculo matrimonial.

De esta forma, el deber de estar al día en el pago de los alimentos, el cual constituye un requisito de procedencia para demandar la disolución del vínculo matrimonial por causal de separación de hecho (artículo 345-A del Código Civil) solo debe interpretarse como un control ex ante de la interposición de la demanda. Así lo ha establecido la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema al resolver laCasación Nº 3432-2014 LIMA.

Repasemos el caso: una persona demanda divorcio por causal de separación de hecho, y con posterioridad la cónyuge plantea una demanda de alimentos contra aquel, obteniendo un pronunciamiento firme sobre la materia y solicitando la liquidación de de pensiones devengadas.

En la primera instancia, la demanda de divorcio es declarada improcedente, pues el demandante en su propia declaración de parte sostuvo no estar al día en el pago de las pensiones alimenticias.

Apelada la sentencia, el Ad quem resuelve de la misma forma. Sustentó su decisión en la existencia de un proceso de alimentos, el cual concluyó condenando al demandante al pago de una pensión a favor de la cónyuge, la cuales fueron posteriormente, a solicitud de la beneficiada, liquidadas, encontrándose impagas al momento del examen de la causa por parte del colegiado.

Al resolver el recurso de casación interpuesto por el demandante, la Suprema estableció que era procedente la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, en virtud de la fecha de su interposición, pues el requisito de procedibilidad consistente en mantenerse al día en el pago de la pensión de alimentos para invocar la separación de hecho como una causal para la disolución del vínculo conyugal, debe remitirse solamente al tiempo anterior de la presentación de la demanda, y no uno posterior, como lo venían afirmando las instancias de menor jerarquía.

En función de lo expuesto precedentemente, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación, insubsistente la sentencia apelada y ordenó al juez de la causa que emita un nuevo fallo.

Solo el 13% de trabajadores del hogar está afiliado a un sistema de pensiones

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTA CIFRAS SOBRE EMPLEO DOMÉSTICO EN EL PERÚ

Solo el 13% de trabajadores del hogar está afiliado a un sistema de pensiones

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Datos alcanzados por la Defensoría del Pueblo prueban que, a lo largo de los años, la situación de los trabajadores del hogar en el Perú no ha mejorado significativamente en aspectos fundamentales.
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(Foto: Redes / Referencial)


Afiliación al seguro social y fondo de pensiones, jornada laboral de 48 horas semanales, descanso de 24 horas por semana y durante feriados no laborables, pago de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y 15 días de vacaciones cumplido el año de labores. En el Perú, los derechos que la ley reconoce a los trabajadores del hogar son difícilmente respetados por sus empleadores.

Así lo revela un informe publicado por la Defensoría del Pueblo el pasado viernes 15 de abril de 2016, que señala solo al 13% de unos 357,141 trabajadores del hogar en el país como afiliado a un sistema de pensiones, aun cuando la Ley Nº 27986 exige que su derecho a la seguridad social debe ser cubierto con el respaldo de su empleador. Parecido, aunque menos dramático, es el caso del Sistema de Salud, pues cerca del 62% goza de un seguro, mientras que casi el 39% restante no se encuentra afiliado a ningún tipo de protección de salud, pese a que la ley también lo dispone.

Asimismo, del total de trabajadores del hogar hasta el año 2014, el 95,8% está conformado por mujeres, mientras que tan solo el 4,2% es representado por hombres. Por otro lado, más del 78% de trabajadores domésticos perciben una remuneración mensual muy por debajo del sueldo mínimo establecido, quedando solo un 22% con un salario igual o mayor que la RMV.

En cuanto al horario laboral, entre el 45% y 50% de empleados del hogar trabaja por más de 48 horas diarias, contraviniendo así la Ley Nº 27986 y el artículo 25 de la Constitución Política del Perú respecto de los límites de la jornada laboral para todos los trabajadores peruanos. Por su parte, en el aspecto educativo, hasta el año 2014, solo 22,545 trabajadoras y 3,581 trabajadores del hogar estudiaban en algún Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), adscritos al Ministerio de Educación.

El papel de la Sunafil

El informe también revela que el número de inspecciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sobre las condiciones de trabajo de los empleados domésticos  ha ido variando en los últimos tres años. Así, mientras que el 2013, las acciones de inspección fueron 20, durante el 2014 estas aumentaron a 54; no obstante, el número se redujo a 31 al año siguiente. De estos operativos, solo dos empleadores fueron sancionados el 2013 por comisión de falta grave en la contratación de trabajadores del hogar. Ninguna sanción fue reportada en los años siguientes.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (Sintrahogarp), la casi inexistente detección de faltas contra los derechos laborales de los empleados domésticos se debe a que la entidad fiscalizadora adscrita al Ministerio de Trabajo privilegia en su informe final la versión de los empleadores al momento de ser entrevistados durante las temporadas de inspección.