jueves, 17 de abril de 2014

MODELO DE ESCRITO JUDICIAL DE ABSOLUCIÓN DE EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

MODELO DE ESCRITO JUDICIAL DE ABSOLUCIÓN DE EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

ÁREA: DERECHO PROCESAL
LÍNEA: EXCEPCIONES

En la presente entrada le ofrecemos el modelo de un escrito judicial de absolución de una excepción de agotamiento de la vía administrativa, es importante hacerle notar que el artículo 446 del Código Procesal Civil (Perú) establece el agotamiento de la vía administrativa como excepción mas no establece el agotamiento de la vía previa como excepción. Mientras que agotar la vía administrativa implica una entidad estatal y recursos administrativos, el agotar la vía previa implica el agotamiento de la vía administrativa pero va más allá a supuestos como recurrir a un centro de conciliación “previamente” a interponer una demanda. La relación es de género a especie, mientras que el género es la vía previa, la especie es la vía administrativa. Por último, recuerde que toda absolución de excepción debe contener un petitorio, fundamentos y medios de prueba de actuación inmediata documental. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Modelo de escrito judicial de absolución de excepción
EXPEDIENTE       : 06693-2012
ESPECIALISTA   : (…)
ESCRITO              : 01-2013
SUMILLA              : Absuelvo excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.
SEÑOR JUEZ DEL QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL
MIGUEL BENAVIDES SANCHEZ en el proceso contencioso administrativo que sigue en contra del Gobierno Regional de (…); a Ud., respetuosamente, digo:
Habiendo sido notificado con la Resolución 03:
I.- Petitorio
Absuelvo la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, solicitando que la misma sea declarada infundada, en mérito a los siguientes fundamentos:
II.- Fundamentos de la Absolución.
1.      Se indica que no hemos agotado la vía administrativa respecto de la pretensión de indemnización patrimonial por daño emergente.
2.      Respecto de esto se debe de verificar lo dispuesto en el artículo 5, inciso 5 del TUO de la Ley 27584 que establece que “En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: (…) 5. La indemnización por el daño causado (…) siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones accesorias.”
3.      Si se indica que la pretensión de indemnización por daños se plantea como pretensión accesoria debe de entenderse que respecto de la misma no se exige el agotamiento de la vía administrativa.
4.      A lo anterior se suma el hecho que en el artículo 41 del TUO de la Ley 27584, referido a las sentencias estimatorias, se establece en diversos incisos que el juez puede, aún cuando no haya sido solicitado en la demanda, disponer el pago de un indemnización ello debido a que la actuación ilegal ha producido daños y se entiende que los mismos deben ser indemnizados.
5.      Lo previsto en el artículo 41 del TUO de la Ley 27584 implica que en el caso de la determinación de la indemnización por daños no es necesario agotar la vía administrativa, salvo en el caso en que se plantee la pretensión de indemnización como pretensión principal, que no es el pedido en este proceso.
6.      Por otro lado, es importante advertir que al momento de solicitar el pago de nuestro beneficio laboral vacaciones, no se podía determinar este incumplimiento en su pago, por lo que resultaba ilógico solicitar en un inicio el pago de una indemnización por cuanto no existía aún ningún daño, es el trámite irregular del procedimiento administrativo el que ha llegado hasta juicio y ha generado el daño que se pide se indemnice a través de una pretensión accesoria.
III.- Medios de prueba
Como medio de prueba ofrezco mi escrito de demanda en donde se verifica que el pedido de indemnización es una pretensión accesoria y no una pretensión principal.
POR LO EXPUESTO:
A UD. Pido declarar infundada la excepción planteada.
Arequipa, 24 de abril de 2013.





MODELO DE CARTA NOTARIAL

MODELO DE CARTA NOTARIAL



ÁREA: DERECHO NOTARIAL

LÍNEA: DOCUMENTOS FUERA DE REGISTRO

Muchas veces hemos oído hablar de enviar una carta notarial, pero quizá no sabemos para qué sirve, la carta notarial es una carta elaborada por un privado quien la hace entregar al destinatario a través de un Notario, ello para tener la seguridad que esta carta fue recibida por el destinatario en el lugar adecuado, el Notario da fe de este acto por lo cual el envío de una carta notarial es más seguro que el envío de una carta simple (en este último caso, el destinatario puede negar su recepción). Otra característica es la formalidad de este documento. Es importante en este documento indicar claramente la dirección del destinatario y del remitente. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

Modelo de carta notarial

CARTA NOTARIAL

Arequipa, 16 de abril de 2013.

SEÑOR

JUAN CARLOS RIVAS DE LA CRUZ

Dirección: Av. Las Américas 123, distrito de Hunter.

Presente.-

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente que se le hará llegar formalmente por conducto notarial, le requiero para que se sirva dar cumplimiento al contrato de mutuo celebrado con su persona en la que se obliga a pagarme la suma de Cinco mil dólares americanos el pasado lunes 13 de abril de los corrientes.

Conozco de los problemas graves por los que atraviesa, sin embargo, ello no lo excluye del cumplimiento de sus obligaciones.

Atentamente,

 RODOLFO MOURA CAEIRO

DNI (…)
Dirección: (…)


MODELO DE ESCRITO JUDICIAL DE INTERRUPCIÓN DEL PROCESO

MODELO DE ESCRITO JUDICIAL DE INTERRUPCIÓN DEL PROCESO


ÁREA: DERECHO PROCESAL
LÍNEA: INTERRUPCIÓN PROCESAL

La interrupción del proceso es una institución del proceso civil que tiene por objeto hacer ineficaz una fracción de plazo o diferir el término transcurrido. Esta institución es muy utilizada para diferir audiencias a través de la presentación de este escrito y un certificado médico. Sin embargo, no debe de utilizarse esta institución para abusar de derechos sino por motivos reales. No olvide que si presenta un Certificado médico el mismo debe de estar visado por el representante del Ministerio de Salud, en este caso, un funcionario de un Hospital estatal, la firma de este funcionario del Estado hace del certificado médico (documento) un documento de fecha cierta que avala la veracidad de lo indicado en el mismo. 

Modelo de escrito de interrupción de una audiencia por enfermedad

EXPEDIENTE              : 04146-2012
ESPECIALISTA          : (…)
ESCRITO                    : 02-2013
SUMILLA                    : Solicito interrupción del proceso
SEÑOR JUEZ DEL SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO.
(NOMBRE DE LA PARTE QUE SOLICITA LA INTERRUPCIÓN) en el proceso contencioso administrativo que sigue en mi contra el Gobierno Regional de (…); a UD. respetuosamente, digo:  
I.- Hechos que sustentan el pedido
<1.  Señor Juez, en el presente caso, se programó audiencia de pruebas para el día 24 de abril de los corrientes.
<2.  Es del que el recurrente cuenta con 69 años de edad, situación que hace común la afectación de enfermedades en mi calidad de adulto mayor.
<3.  En estas circunstancias, tuve un problema con mi salud el día 23 de abril, siendo que al haber sido atendido por personal médico se me indicó un cuadro de úlcera gástrica complicada con hemorragia digestiva Alta moderada.
<4.  Por recomendación del médico se dispuso un estricto reposo domiciliario por los días 23, 24 y 25 de abril de los corrientes, razón por la cual no me fue posible asistir a la audiencia programada.
II.- Documento que acredita el hecho imprevisto
<5.   Esta situación indicada la acredito con el CERTIFICADO MÉDICO que adjunto a la presente el que ha sido visado en el reverso por representante del Ministerio de Salud.
III.- Norma que sustenta la institución procesal aplicable
<6. Esta situación de fuerza mayor que se produce está prevista en el artículo 317 del Código procesal Civil que en su segundo párrafo indica “la interrupción será declarada por el Juez en resolución inimpugnable, de oficio o a pedido de parte, sustentándose en la ocurrencia de un hecho imprevisto o que siendo previsible es inevitable”
IV.- Efecto de la interrupción procesal
<7.    Asimismo este artículo 317, primer párrafo, del CPC indica como efecto de la institución de interrupción del proceso que “La declaración de interrupción tiene por efecto cortar el plazo o diferir el término para realizar un acto procesal, produciendo la ineficacia de la fracción del plazo o difiriendo el término transcurrido.”
V.- Plazo para solicitar la interrupción
<8.    Estando a lo dispuesto en el artículo 317, tercer párrafo, del CPC “El plazo para solicitar la declaración de interrupción vence el tercer día de cesado el hecho interruptivo.”, por lo que este pedido se presenta en la primera oportunidad que se tiene para hacerlo.
VI.- Petitorio
<9.   En el presente caso, solicito se sirva declarar la interrupción del proceso debido a la existencia de un hecho imprevisto acaecido al demandado, disponiéndose la ineficacia del día fijado como fecha para audiencia y se programe nueva fecha para realización de audiencia.
POR LO EXPUESTO:
A UD. PIDO ACCEDER A MI PEDIDO.
PRIMER OTROSI. Adjunto original de CERTICADO MÉDICO 9868 emitido el 23 de abril de 2013, Boleta de Venta del Certificado, Estudio de Médico especialista en medicina interna.
Arequipa, 26 de abril de 2013.


FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO

INTRODUCCIÓN
Con el paso del tiempo el volumen de infracciones cometidas sobre la ley penal, por individuos o una colectividad en un momento determinado y en una zona establecida, ha obligado la creación de una institución autónoma que vele por la legalidad como representante de la sociedad con una función establecida, PERSEGUIR EL DELITO.
El ministerio público tiene un origen muy vetusto, desde los tiempos del imperio romano hasta la actualidad esta entidad ha sufrido los avatares de un cambio de paradigma, por tal motivo es menester del grupo detallar las funciones y atribuciones, que desempeñaran los integrantes de esta organización en la actualidad dentro de los parámetros que la ley establece.
El siguiente estudio está estructurado de la siguiente manera:
El capítulo IMINISTERIO PÚBLICO,  los antecedentes que han dado origen a esta institución, para definirla y desarrollarla desde un enfoque histórico, el desarrollo de la misma en el Perú y su proceso de competencia en búsqueda de la justicia como interés social. 
El capítulo IIATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO;
Explicaremos sobre las prerrogativas que se le asigna constitucionalmente, por otro lado extender el conocimiento desde este nuevo paradigma acusatorio que estará vigente en todo su amplitud a nivel nacional.
 El capítulo III: FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO;
 Detallaremos claramente cuáles son las funciones que desarrollara en el marco de la nueva legislación y del proceso penal basados en nuestra constitución política.
El grupo ha puesto a disposición toda la documentación respectiva para el destacado conocimiento de los lectores aguardando que sea de gran ayuda para un mejor juicio del tema presentado.
EL AUTOR






CAPITULO I
MINISTERIO PÚBLICO
I.- ANTECEDENTES:
La importancia por el conocimiento histórico de las instituciones jurídicas, necesidad natural y constante del espíritu humano, nos conduce a revivir el pasado para entender mejor el presente, con la finalidad de  llegar a un sistema más perfecto, evitando los errores cometidos y aprovechando los progresos ya realizados, por ello determinar los orígenes del Ministerio Público, es  una tarea  que  aún ofrece  dificultades.
Los antecedentes de la institución muestran datos que por lo general son parciales, carecen de continuidad o se diluyen en el devenir histórico, surgiendo en esa oscuridad reinante la figura de los “Procuradores Fiscales” y “Fiscales”[1], quienes con el transcurso del tiempo se erigirían en los más genuinos representantes de la referida institución ministerial, a pesar que algunos autores insisten en atribuirle antecedentes remotos en Grecia y Roma, se trata en el fondo de una institución característica de la civilización occidental
”La primera vez que el Estado actuó  en defensa de la sociedad,  bajo la forma de    Ministerio  Público,  fue en la antigüedad clásica, en la legislación griega. El hecho habría ocurrido el año 559 a.c., vigente el Código de Dracón.
Los autores franceses consideran que los Fiscales se equiparan,  a su vez, a los GENS DU ROL, procuradores del rey, encargados, inicialmente, de los intereses del monarca en juicio, es así como el  embrión de lo que hoy conocemos como Ministerio Público o Ministerio Fiscal, surge en Francia durante el Siglo XIV, instituido  para la defensa de los intereses del príncipe y del  Estado, bajo las ordenanzas de 1522, 1523 y 1586.
Más tarde Felipe el Hermoso  propicia  que  dichos procuradores  sean establecidos en los Tribunales permanentes, teniendo como misión la defensa en juicio de los intereses económicos del Fisco, que se confunden con los intereses del Rey en los tiempos medievales; sin embargo, la abundancia de las penas pecuniarias y la participación que en ellos tenía el tesoro real, hicieron conveniente la colocación de un funcionario real para salvaguardar el interés fiscal, de tal forma que estos intereses económicos van adquiriendo un matiz público,  perfilándose el delito como un ataque a la comunidad, tomándose conciencia del interés que representa su persecución.
Después de la Revolución Francesa, se introducen cambios en la estructura   de la institución del Ministerio Público, desmembrándola enCOMISSAIRES DU ROL, encargados de promover la acción penal,  de la ejecución y la acusación,  ésta última sostenida en debate; luego Napoleón a través de la Organización Imperial de 1808 y 1810 organizó jerárquicamente al Ministerio Público, bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, sirviendo esto de modelo a todos los países de Europa.
Se trata de un juicio incoado en presencia del Ministerio Público, que tiene por sujeto pasivo a “Alcméonides”, acusado de haber fomentado la pérfida masacre de partidarios de Ciclón; este proceso resulta ser el más antiguo, apareciendo la figura de un Abogado General de la Justicia”
En la actualidad, priman tres denominaciones, la de Ministerio Fiscal (de origen español), la de  Ministerio Público  (francés) y la de  Público Ministerio (italiano) de las cuales, nuestro país, ha adoptado la segunda: Ministerio Público. Sin embargo, a diferencia del nuestro, Argentina ha preferido  la denominación de  Ministerio Fiscal o Ministerio Público Fiscal[2].
Siguiendo esta directriz, el concepto amplio, la palabra “Ministerio” alude a todo aquello que es necesario para la ejecución de la ley; mientras que, lo” Público”,  implica una relación de pertenencia con todo el pueblo refiriéndose a la aplicación jurisdiccional[3].
Visualmente se puede apreciar  en la insignia del ministerio público un Varayoc, símbolo de autoridad, sostenido por dos manos. Una balanza, que simboliza el equilibrio de la libertad con la paz, pues la primera no se concibe sin la segunda y viceversa. Un sol llameante, que representa el sol de la justicia. En la parte superior las tres normas jurídicas fundamentales del incario con el saludo AMA SUA, AMA QUELLA, AMA LLULLA y en la parte inferior la leyenda del Ministerio Público.
En todos los países civilizados, el Ministerio Público es  considerado como una institución tradicional en la estructura de la administración de justicia y su existencia en el ámbito jurídico tiene íntima relación con la evolución de la función represiva que primitivamente se ejercitó mediante la venganza privada (Ley del Talión)[4],  luego  la  función  represiva pasó  a  la divinidad, desligándose de su estructura privatista y haciéndose justicia en representación de la divinidad, para posteriormente hacerla residir en el “interés social” o “interés público”, impartiéndose justicia por Tribunales, a donde acudía la víctima o sus parientes, acusando y aceptando la decisión del tribunal.
De esta manera el Estado asume una función represiva en el Proceso Penal, adhiriéndose al sistema inquisitivo,  llegándose a decir que “El que tiene por acusador a un juez, necesita de Dios por abogado”. 
Esto determinó, ineludiblemente, la necesidad de crear un organismo coadyuvante con el juez, para atribuirle de modo permanente la delicada función de acusar, resultando Francia el primer país en el mundo que crea este órgano acusador permanente, pasando a los demás países, diferenciándose por sus matices o cuestiones adjetivas, las cuales radican entre otras, por la exclusividad de la acción penal o compartirla con los jueces , integrando la estructura del Poder Judicial o independizándolo de aquél; instituyéndolo autónomo o haciéndolo depender del Poder Ejecutivo, confiriéndole la representación exclusiva de la sociedad, del Estado, o conjuntamente, pero conservando siempre el signo distintivo de asumir la función  acusatoria dentro del esquema de represión del delito y de la administración de justicia.



II.- ETIMOLOGÍA:
El Ministerio Público se ha relacionado con la función económica de recaudación de los impuestos  y  tributos  para el  erario  o  tesoro  público, desprendiéndose la etimología de la palabra “fiscal”, que viene del latín “FÍSCUS”, que era el cesto o canastilla donde se recogían los tributos, función que le correspondía a los Procuradores, para otros, la palabra “Fiscal” en su acepción etimológica viene del latín “FISCALIS”y para la Real Academia, como adjetivo denota aquello “ Perteneciente  al Fisco o al oficio del Fiscal “ Como sustantivo denota : “Ministro encargado de promover los intereses del Fisco”. “El que representa y ejerce el Ministerio Público en los tribunales”.


III.- MINISTERIO PÚBLICO EN EL PERÚ:
Desde el Reglamento Provisional que dictó el General San Martín en 1821 hasta la Carta Magna de 1933, el Ministerio Público estuvo ubicado institucionalmente como un organismo dependiente del Poder Judicial, que representaba el interés social y actuaba como auxiliar ilustrativo del juez o tribunal.[5] En la segunda mitad del siglo pasado, después de 12 años de dictadura militar, en 1979 se promulgó una nueva Constitución Política del Estado, en la que es evidente la preocupación de los constituyentes por sentar las bases de un auténtico estado de Derecho que fue la única forma de evitar que el poder del Estado termine avasallando los derechos de la persona.[6]
En los artículos 250° y 251° de la Constitución, crean el Ministerio Público como institución autónoma independiente del Poder Judicial, y jerárquicamente organizada,  siendo el Fiscal de la Nación la máxima autoridad, quien asume en su persona la alta magistratura de cumplir con dos funciones esenciales: Preside el Sistema de Fiscales y actúa como Defensor del Pueblo ante todos los niveles de la administración pública.
Incorporado el Ministerio Público como Institución Jurídica en la Carta Magna de 1979, el Ejecutivo expidió el Decreto Legislativo No 052 (16 de marzo de 1981),  el cual constituye hasta la  actualidad  la  “Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público”,  que indudablemente frente a los cambios que ha experimentado nuestro ordenamiento jurídico en general,  debe ser modificada actualizándola  con  los  nuevos  principios  y  atribuciones consagrados en la Constitución Política de 1993.
Carta Política de 1993, optó también por mantener al Ministerio Público  como  Órgano  Autónomo  del  Estado,  es  decir, independiente de sus decisiones, teniendo por finalidad principal velar por la adecuada administración de justicia en representación de la sociedad. “No es  un Contralor ni un censor de la labor de los tribunales y juzgados, pues no tienen capacidad de imponer las decisiones ni pedir sanciones  para  ellos.  Cumple  sus  labores  realizando investigaciones, acompañando permanentemente el trabajo de los Magistrados y ejercitando derechos diversos de intervención dentro de los procesos”[7].



CAPITULO II
ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Constitucionalmente las facultades del ministerio público se encuentran reguladas en la constitución política de 1993 artículo 159 [8]:
1.    Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
2.     Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
3.    Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4.    Conducir desde su inicio la investigación del delito, con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
5.    Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
6.    Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
7.    Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al  Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
En el artículo 60 y 61 del nuevo código procesal penal también están reguladas las atribuciones del ministerio público que a continuación explicaremos.
I.- INDEPENDENCIA DE CRITERIO:
La creación del Ministerio Público como órgano encargado de promover la acción judicial en defensa de la legalidad  sentó las bases para establecer un nuevo sistema procesal de carácter acusatorio, en el que las funciones de persecución y de decisión estén separadas y que convierte al fiscal en titular del ejercicio de la acción penal y de la carga de la prueba.
La independencia de criterio, no se trata que el ministerio público o fiscal desarrollen una teoría del caso o búsqueda de pruebas vulnerando los derechos fundamentales, si no en el marco que lo permite la ley, con el criterio de objetividad buscando pruebas de cargo como de descargo.
 II.- DIRECTOR DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA:
La Ley Fundamental del Estado ha encargado al Ministerio Público la  función persecutoria del delito que consiste en buscar, analizar y presentar las pruebas que acrediten responsabilidad o irresponsabilidad de los imputados y de ser justificado solicitar la  aplicación de las penas pertinentes, haciendo del Fiscal   una institución idónea al sistema procesal acusatorio  y a la vez impone que la investigación sea una fase preparatoria de la acusación[9].
El Ministerio Público, recibirá la noticia CRIMINIS interpuesta por la víctima o cualquier persona y al Fiscal le corresponderá  dirigir la investigación del delito perseguible por ejercicio público de la acción penal, con la finalidad de lograr la prueba pertinente, así como identificar al autor o partícipe del delito, todo esto con el objetivo de alcanzar la verdad sobre el caso.
Por tal motivo el Fiscal Provincial al tener conocimiento de la comisión de un delito perseguible por ejercicio público de la acción penal, en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 09 y 10 de su Ley Orgánica nº 052, puede  constituirse al lugar de los hechos, con el personal y medios especializados necesarios, para efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los mismos, levantando las actas correspondientes.
La doctrina señala los siguientes características del ministerio público:
·         Independencia.- En el ejercicio de sus funciones los miembros del Ministerio Público no están sujetos a órdenes superiores.. acota también  que las ejecutorias supremas no obligan al Fiscal, porque no son ley. Su imperatividad es con las  partes, no erga omnes; pues es resolución en    determinado caso y no constituye norma de carácter general, constituyendo una valiosa fuente de orientación para el magistrado. La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 7º autoriza al Poder Ejecutivo a  exhortar al Ministerio Público para que cumpla debidamente sus funciones. La Ley la llama “exhortaciones” para quitarle carácter impositivo. Esta exhortación no debe convertirse en intromisión en la función del Fiscal.
·          Jerarquía.- La Ley Orgánica en el art. 36º establece la jerarquía y declara que son órganos del Ministerio Público:
El Fiscal de la Nación; Los Fiscales Supremos; Los Fiscales Provinciales; agrega que también son órganos: Los Fiscales Adjuntos, de menor jerarquía que el Fiscal con quien trabajan. La Junta de Fiscales, órgano colectivo que cumple funciones de asesoramiento.
·         Inamovilidad.- El representante del Ministerio público no puede ser removido por disposición del Ejecutivo. Sin su consentimiento no puede ser trasladado del lugar para el cual ha sido nombrado. La Ley  Orgánica en su art. 59º declara que los traslados de los miembros del Ministerio Público,  “solo se pueden hacer con su solicitud o con la audiencia”[10]
III.- INTERVIENE EN EL PROCESO:
Hoy el proceso tiene como principal responsable al Fiscal Provincial, a quien le   corresponde presentar pruebas y el Juez queda encargado de su actuación y apreciación,  interviene desde la etapa policial. Apenas detenida una persona a quien se sindica como autor de  un delito, es avisado el Fiscal Provincial, quien personalmente o por medio de auxiliar especialmente autorizado, se constituye en el lugar de detención para vigilar que el detenido goce de todos sus derechos y tenga defensor.
Concluida la investigación policial, el Fiscal examina si existe mérito suficiente para iniciar la instrucción, así como si se encuentra identifica do el autor. Sólo entonces denunciará el hecho delictuoso al Juzgado de Instrucción correspondiente. Abierta instrucción, al Fiscal Provincial corresponde la carga de la prueba. Debe estar enterado de las diligencias a realizar. Expresamente declara el art. 14 de la L.O.M.P Nº 052 que los jueces, “sin perjuicio de las facultades que al respecto les otorgue la ley”, deben notificar al Fiscal. Esto significa que el Juez puede intervenir en las pruebas, ordenar aquello que resulta de una diligencia.
En cuanto a la presentación de pruebas, la ley dice que al Fiscal compete la carga de la prueba, pero en el art. 14 declara procedente la “actuación de pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes y ordenada de oficio”. Esto significa que el inculpado y la parte civil pueden ofrecer pruebas  y que el Juez puede decretarlas de oficio. Todo lo que contribuya a esclarecer el delito tiene que ser aceptado.
Establecer la limitación de que el Fiscal es el único que puede ofrecer probanza, sometería el éxito de la investigación a la diligencia y capacidad de Fiscal. Si no reúne estas condiciones lo que puede ocurrir los delitos quedarían  sin probar. La intención de la ley es que el Fiscal tenga la responsabilidad de la probanza, como antes la tenía el Juez, pero también las partes pueden presentar las pruebas que consideren necesarias para esclarecer la verdad.
El único que puede denunciar delitos es el Fiscal Provincial. La L.O.M.P. reconoce que de tres modos puede el Fiscal enterarse de la comisión de un hecho que la ley penal considera delito.
·         De oficio. Cuando el Fiscal se entera de un delito y está identificado su autor, entonces presenta la denuncia al Juzgado. Es el caso del atestado policial.
·         Por acción popular. Cuando una persona del pueblo se entera de un delito de  comisión inmediata y procede a denunciarlo. Si es perseguible de oficio, el fiscal puede amparar la denuncia.
·         A instancia de parte agraviada. Cuando quien ha sufrido con la comisión de un hecho delictuoso, se presenta denunciando el delito  y la persona de su autor.
Al recibir una denuncia el Fiscal Provincial, la examina y si la encuentra procedente la envía al Juzgado para que abra instrucción. Si no la encuentra procedente, la desestima, pero lo hace saber por escrito al denunciante.
Si el denunciante no se conforma  con la denegatoria, puede ocurrir en queja ante el fiscal Superior  – cuando la denuncia ha sido presentada ante el Fiscal Provincial  – o ante el Fiscal Supremo si la presentó ante el Fiscal Superior. Con lo que resuelva éste, concluye todo.
La intención de la ley es que el proceso penal recaiga principalmente sobre el Ministerio Público de manera que el Juez tenga libertad espiritual suficiente para apreciar las pruebas. 
 El Juez tiene como misión principal apreciar las pruebas aportadas por el Ministerio  Público y examinar si acreditan el delito y la persona de su autor.
La constitución del agraviado como persona del proceso – parte civil  – no altera esta situación. Todo delito debe ser castigado y toda víctima indemnizada. Si no ocurre esto no se restablece el orden jurídico en su plenitud. La pretensión punitiva del Ministerio público concluye con la sentencia. Si es condenatoria, mantiene su intervención en la etapa denominada ejecución de sentencia. Si es absolutoria, con la sentencia termina su intervención.



CAPITULO III
FUNCIONES  DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo Nº 52 del 19 de Marzo de 1981, Título I, Disposiciones Generales, artículo 1º indica que : “El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También  velará  por  la  prevención  del  delito  dentro  de  las  limitaciones  que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta  administración  de  justicia  y  las  demás  que  le  señalan  la  constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación”[11]
En este sentido, está claro, entonces, que al fiscal le corresponde la persecución del delito, la promoción de la justicia penal y la introducción de la pretensión penal. Todo ello, le está reservada constitucionalmente. La fase de la investigación está llamada a ser pre procesal, donde la contribución del fiscal, consiste en liberar al juez de la investigación, y, sobre todo, desformalizarla para así preservar la hegemonía del juicio, sin perjuicio del control judicial respectivo y de la intervención del órgano jurisdiccional cuando se trate de limitar derechos fundamentales para asegurar la punibilidad, dependiendo de los representantes del Ministerio Publico, el éxito o el fracaso de la investigación.
Lo que permite sostener que el rol activo del Ministerio Público en el proceso penal, respecto a afirmar la pretensión punitiva y de aportar las pruebas, que, en su caso, enerven la presunción de inocencia, quedan ratificadas, y en su condición de fiscal investigador sustituye al antiguo juez instructor. En cambio, el juez tiene por función exclusiva controlar la investigación (control de plazos y tutelas de derecho, para evitar abusos contra el imputado) y dirigir la etapa procesal del juzgamiento

  
CONCLUSIONES:
1.    El Ministerio Público debe alimentarse de su entorno social a fin de cumplir con sus fines y objetivos institucionales adaptándose a los cambios que se van produciendo en el presente a través de la búsqueda de oportunidades en  futuros escenarios que le permitan resolver los problemas de manera estratégica y no reactiva, como lo hacía en el  pasado.
2.    Estudiosos reflexionan sobre los alcances del protagonismo del Ministerio  Público en nuestra sociedad, coincidiendo en señalar que como órgano autónomo de derecho constitucional, tiene como misión la justicia en defensa del interés social. De otro lado, institucionalmente, como sostiene Roxin, es una autoridad de la justicia jerárquicamente estructurada, un actor encargado de exigir al Juez la aplicación de la Ley y que participa en el proceso de aplicación de normas jurídicas y en la función política del Estado, que es la pretensión de ejercer sobre un determinado territorio el monopolio de la violencia legítima.
3.    La persecución del delito le está reservada constitucionalmente. La promoción de la justicia penal, así como la introducción de la pretensión penal. La fase de la investigación está llamada a ser pre  -procesal, la contribución del Fiscal, consiste en liberar al Juez de la investigación, y sobre todo, desformalizarla para así preservar la hegemonía del juicio, sin perjuicio del control judicial respectivo y de la intervención del órgano jurisdiccional cuando se trate de limitar derechos fundamentales para asegurar la punibilidad. De él depende el éxito o el fracaso de la investigación.

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 BIBLIOGRAFIA:
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[1] LEVANO VELI, Pablo Ernesto. Génesis  y evolución del Ministerio Público. Edit. UPCP. Ed. 2009, pág. 03. 
[2] LEVANO VELI, Pablo Ernesto. Op.cit , pag.03
[3] ANGULO ARANA, Pedro.  “La Función Fiscal. Estudio comparado y aplicación al caso peruano. El
Fiscal en el nuevo proceso penal”. Jurista Editores. Lima (2007). Pág. 40.
[4] SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho procesal penal. Edit. Grijley. Ed. 2003, pág. 234.
[5] CUBAS VILLANUEVA, Víctor. La constitución comentada. Edit. Gaceta Jurídica. Ed. 2005, Tomo II. pág. 754.
[6] LEVANO VELI, Pablo Ernesto. Op cit, pág. 05. 
[7] RUBIO CORREA, Marcial. El sistema jurídico en el Perú. Edit. UPCP. Novena edición 2007. pág. 55.
[8] ibíd. pág. 754
[9] ibídem
[10] VELASCO NUÑEZ, Silvia. Ministerio Público como persecutor del Delito. Edit. Juristas Editores. Edic. 2006. Pág. 36.
[11] GRANDE ALANYA, Martha. Plan de modernización de la biblioteca de la escuela del Ministerio

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Dedicaremos hoy nuestro Concepto Económico a la figura del Notario. Es muy frecuente, que a lo largo de nuestra vida necesitemos de sus servicios con relativa frecuencia, están íntimamente vinculados en nuestro marco legal al tráfico inmobiliario y mercantil, pero, a pesar de ello, me temo que son grandes desconocidos para su clientela. Espero poder conseguir aclarar un poquito más qué son, cuáles son sus funciones, su organización y modo de operar, etc…
En una primera definición de andar por casa diríamos que en nuestro sistema legal un Notario es un fedatario público: un profesional jurídico del que emanan documentos públicos, documentos en los que se dan fe de determinados extremos. Siendo esta una de las definiciones más cortas que conozco es lo suficientemente profunda para alguien no habituada a estos términos para que haya que aclarar que es eso de un documento público, y precisar aún más que es un fedatario
Sin ánimo de extenderme conviene recordar, en relación con los Notarios, y en general con los documentos jurídicos, existen dos grandes modelos. Por un lado tenemos el modelo anglosajón (Reino Unido, EEUU, y países de su órbita cultural), con una amplia libertad de forma a la hora de contratar, y por otro el el modelo latino-germánico, que por resumirlo es el que funciona en países de la Europa continental y en aquellos otros cuyos sistema legales se basan en la tradición de los mismos.
Digamos que en el segundo modelo se marcan claramente las diferencias entre dos tipos de documentos, el documento público y el documento privado. El documento público, a juicio de la Ley, tiene una serie de garantías que hacen que tenga una mayor fuerza, una mayor seguridad jurídica. Así, el documento público en unos casos establecerá una presunción que solo podrá ser desmontada en un juicio, o permitirá el acceso a determinadas instituciones, como el Registro de la Propiedad, o a determinadas clases de procedimientos judiciales. Incluso en ocasiones tiene naturaleza constitutiva, es decir, ese negocio jurídico solo se puede hacer en documento público (por ejemplo una hipoteca, una expropiación, etc…)

Frente a ello el modelo anglosajón defiende una amplia libertad de forma, es mucho más light al respecto, por lo que la figura del Notario en esos sistemas tiene mucho menor peso e influencia, siendo en general poco más que abogados que certifican firmas. La seguridad jurídica en los negocios, en las operaciones mercantiles o inmobiliarias se intenta alcanzar aquí con un mayor apoyo en tema de seguros, o con investigaciones previas, etc…
Queda claro por tanto que el Notario tienen la facultad de autorizar, de emitir, documentos públicos, que conllevan importantes ventajas, y que en ocasiones son absolutamente necesarios. El Notario se situaría así al nivel de otros fedatarios públicos, de otras personas que tienen la facultad de emitir la llamada fé pública, esa suerte de certificación que despliega dichos efectos. Pensemos que son documentos públicos las resoluciones judiciales (el fedatario sería el Secretario Judicial) o las resoluciones de la Administración Pública (por ejemplo las emitidas por un Secretario del Ayuntamiento, o por un Interventor). Pues bien, el documento que emite Notario es la llama Escritura pública. Dicha Escritura queda recogida en el Protocolo (archivo) de cada Notario emitiendo bien copias autorizadas (las que llevan cartoncillo y que despliegan todos sus efectos) o copias simples (fotocopias con un sello, de efectos más limitados).

Algo que me gustaría reseñar es que el Notario, en su función de fedatario certifica lo que puede certificar: que ese documento se emite en tal fecha, que lo hacen los que dicen hacerlo, que el registro o el Ayuntamiento manifiestan tal o cual extremo, y que se han cumplido determinados requisitos o advertencias legales, etc, pero nada más. El Notario no es un Jordán purificador, no acredita que lo que manifiesten las partes sea cierto, por ejemplo. No es un polígrafo jurídico. El Notario ejerce su función de fedatario únicamente respecto a los extremos descritos, asesora a las partes y se asegura de que los documentos cumplen los requisitos que marca la legalidad.
Lo curioso del caso en España, y en otros países, es que los Notarios tienen una naturaleza dual: son funcionarios y simultáneamente son profesionales jurídicos liberales. Así, por un lado acceden a dicha condición a través de unas oposiciones públicas (durísimas), existiendo una serie de plazas limitadas a las que acceden por concursos internos, estando supervisados por la Dirección General de Notarios y Registradores, dependiente del Ministerio de Justicia. Pero por otro no cobran del Presupuesto público, si no que sus honorarios son satisfechos por los propios usuarios de los mismos (de un modo equivalen al que ocurre en los Registros de la Propiedad), de acuerdo con unosaranceles públicos aprobados por el Ministerio, y se agrupan y autogestionan a través de Colegios profesionales a nivel autonómico. Lógicamente, y en consonancia con esto último, ellos corren también con todos los gastos de su estructura administrativa (locales, empleados, etc…).
Los Notarios han de ser Licenciados en Derecho , aunque podemos encontrar excepciones entre los antiguos Corredores de Comercio que fueron absorbidos por el Notariado. Se trata de profesionales jurídicos del máximo nivel, a los que debido a su condición pública, podemos consultar gratuitamente a la hora de preparar determinados contratos, plantear determinados negocios. Curiosamente, pese a la imagen que tienen, he de decir que el coste de los Notarios para usuario es bastante reducido, pues si las consultas son gratis, el coste de los aranceles es bastante bajo en relación con los de otros operadores jurídicos (abogados, por ejemplo).